También el TC vive en su propia realidad

En marzo de 2020, el Gobierno consiguió la aprobación de una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se impedía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevar a cabo nombramientos de titulares en los principales tribunales mientras se encontrara en funciones. Evidentemente, la norma buscaba un doble propósito. Por un lado, se trataba de forzar al PP a acordar la renovación del CGPJ y, por otro, se paralizaba la designación de jueces y magistrados hasta que el juego de las mayorías parlamentarias favoreciera al sector progresista.

Ya antes, el Ejecutivo de coalición había apuntado la intención de modificar a la baja la mayoría parlamentaria precisa para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, intentona que, de momento, consiguió frenar la Comisión Europea, alegando el menoscabo que sufriría la independencia de la Justicia. Pero la medida, con innegables tintes partidistas, no sólo no consiguió doblegar al Partido Popular, sino que se volvió en contra de sus promotores, que tuvieron que volver a modificarla para poder intervenir en los nombramientos del Tribunal Constitucional, en busca, otra vez, de una mayoría proclive a la izquierda. Como es sabido, el resultado más inmediato de esta manipulación descarada del CGPJ por parte del Gabinete es la paralización de tribunales y salas, con las presidencias vacantes, que ha dejado algunos órganos judiciales al borde del colapso.

No queremos ser exhaustivos, pero, a día de ayer, permanecían sin cubrir 68 vacantes en la cúpula judicial, 17 pertenecientes al Tribunal Supremo y otras 30 a los tribunales superiores de justicia. Y no es cuestión de entrar en el socorrido reparto de responsabilidades, porque fue el actual Gobierno quien sacó adelante esa reforma, de más que dudosa legalidad.

Pero ello no empece para señalar otras incompetencias, como la del Tribunal Constitucional que, al parecer, vive en su propia realidad, felizmente ajeno a las mundanas urgencias del vulgo. Porque no hay otra explicación, salvo la de no complicarse la vida, para que el TC lleve más de un año, trece meses para ser exactos, sin resolver la constitucionalidad o no de la citada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene virtualmente paralizados a los principales tribunales.

Aunque, ya tardaron sus magistrados cinco largos meses en admitir a trámite los recursos presentados por el PP y Vox, con fundamentos jurídicos nada desdeñables. Pero el problema no es sólo de inoperancia, lo más grave es que daña la imagen de la Justicia, ya que se da la circunstancia de que los dos ponentes de los recursos, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, son percibidos como próximos al «sector progresista» del alto tribunal y, por lo tanto, inclinados hacia los intereses gubernamentales. Mal va la Justicia española cuando da lugar a este tipo de dudas.