Un acuerdo migratorio no puede ser secreto

El silencio de los ministerios de Asuntos Exteriores y Seguridad Social y Migraciones sobre los compromisos contraídos por España con Estados Unidos y Canadá en materia de asilo e inmigración no es sólo una anomalía administrativa, puesto que incumple, como hoy publica LA RAZÓN, la Ley de Transparencia, sino que, y es lo más grave, sustrae al conocimiento del Parlamento el contenido de un tratado internacional en una materia tan sensible como es la gestión de los flujos migratorios, que entra en el ámbito de discusión del conjunto de la Unión Europea.

Vaya por delante que nada tenemos que oponer a que el Gobierno de Pedro Sánchez tienda una mano al ejecutivo estadounidense, aliado en la OTAN y socio comercial preferente, mucho más cuando la Casa Blanca se enfrenta a una crisis migratoria de enormes dimensiones, con millones de candidatos esperando a cruzar la frontera, pero sí creemos que las obligaciones que adquiere la sociedad española con esa mano tendida tienen que ser claramente expuestas, con la inclusión, por supuesto, de los conceptos de reciprocidad, si los hay, y, en ese caso, en qué consisten. Por ejemplo, el levantamiento de los aranceles aduaneros a la agricultura española impuestos por el ex presidente Trump y mantenidos por el actual mandatario, Joe Biden.

Pero, fundamentalmente, la opinión pública tiene derecho a saber qué contingentes de inmigrantes iberoamericanos van a ser acogidos en territorio nacional, cuál es el coste financiero previsto, en qué supuestos legales se basa la admisión de los candidatos y si se han articulado medidas para evitar situaciones de discriminación con aquellos emigrantes y solicitantes de asilo que lleguen a España por otras rutas o procedentes de otros países, especialmente, africanos. También, si en los previstos centros de clasificación y distribución de los solicitantes, que Washington pretende desplegar en Colombia y Guatemala, bajo la supervisión de ACNUR y la Organización Mundial de Migraciones, se desplegarán funcionarios españoles.

Por último, y no menos importante, si los solicitantes de asilo y residencia acogidos temporalmente por España serán devueltos a sus países en el caso de que las autoridades norteamericanas rechacen su solicitud. No se trata de alentar actitudes xenófobas, mucho más cuando hablamos de personas de origen iberoamericano que se integran sin mayores problemas en la sociedad española, pero, precisamente, porque afecta a personas en graves dificultades, no es una cuestión menor que pueda saldarse con una fotografía con Biden en el despacho oval de la Casa Blanca. Entre otras cuestiones, porque el problema migratorio es común a la Unión Europea y deberíamos de tener la cortesía con nuestros socios de informarles de unos acuerdos que, en un continente que ha levantado las fronteras, le pueden afectar.