Celada de Podemos al PSOE con el «sí es sí»

No parece que el ala más radical del Gobierno vaya a facilitar la salida a sus socios socialistas del pantano del «sí es sí». Todo lo contrario a tenor de los esfuerzos de Unidas Podemos para hacer coincidir el pleno parlamentario de la contrarreforma legislativa con los actos feministas del 8-M, en los que se pretende retratar al PSOE, prácticamente, como un partido que ha perdido sus compromisos en la defensa de los derechos de las mujeres. La celada es evidente y movería a conmiseración de no ser porque las ministras más concernidas por el fiasco legal, Irene Montero e Ione Belarra, desde un cálculo político a nuestro juicio equivocado, han decidido encastillarse en su posición, trasladando la responsabilidad de las consecuencias indeseadas de la reforma del Código Penal a unos jueces y magistrados a quienes se moteja de machistas y, de paso, a los propios socialistas, que actuarían condicionados por el miedo a la oposición. Por supuesto, ninguno de los argumentos podemitas responden a la realidad, pero, en un año electoral clave, quieren conjurar la transferencia de sus votos hacia el PSOE que detectan las encuestas. No será tarea fácil, aunque solo sea porque la visión extremada de la transformación social que representan iniciativas legales como la ley del «sí es sí», la de bienestar animal y, sobre todo, la «ley Trans» encuentran un creciente rechazo entre amplios sectores de la opinión pública española, incluidas, por supuesto, las corrientes más antiguas del feminismo, vinculadas tradicionalmente al PSOE y están dispuestas a dar la batalla contra el «borrado de las mujeres» que supone la ideología queer. En cualquier caso, es el sector socialista del Ejecutivo, bajo la lluvia fina y pertinaz de unas rebajas de condenas que han propiciado la puesta en libertad anticipada de dos violadores reincidentes que causaron un gran impacto social, el más interesado en abreviar los tiempos parlamentarios y enmendar la ley de marras para evitar que la batalla interna se solape con la campaña electoral de las municipales y autonómicas. En realidad, la contrarreforma propuesta no podrá impedir que los delincuentes sexuales condenados, unos 4.000, sigan beneficiándose de la reducción de las penas, pero evitará que la situación se prolongue sin solución de continuidad. La lógica jurídica aconsejaría volver al texto anterior, pero los impulsores del «sí es sí» han empeñado demasiada demagogia como para dar marcha atrás. Porque no es problema de una mala técnica jurídica, que también, sino de una concepción política e ideológica muy arraigada en el feminismo radical, que parte de la presunción de veracidad que asiste a las mujeres, hasta el punto de que se llegue a prescindir de la carga de la prueba. Es ahí, donde debe centrar la oposición popular su apoyo a la contrarreforma, al menos, en lo que se refiere a la presunción de inocencia.