El deber del PP ante la independencia judicial

Existe un sustrato ideológico inocultable en el empecinamiento del Gobierno de coalición social comunista en no reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Y no desvelamos secreto alguno al denunciar la tendencia de los partidos de izquierda a desdibujar las líneas claras de la separación de poderes, con el recurso a una terminología, la «justicia popular», que so capa de la búsqueda de un sistema judicial que emane directamente de la soberanía popular, transfiere el control de los tribunales al Poder Legislativo, que se atribuye la potestad de los nombramientos de jueces y magistrados.

Es, junto con la defensa de la teoría del «uso alternativo del Derecho», uno de los talones de Aquiles de la independencia de la Justicia, entendida en su recta acepción, y refleja la propensión, no exclusivamente de la izquierda, a reducir el sistema democrático a una simple suma de votos. No en vano, el Consejo de Europa viene insistiendo en la necesidad de reforzar los instrumentos de garantía de la independencia de la Justicia, política que está plenamente vigente en la Comisión Europea, como tuvimos ocasión de experimentar cuando el PSOE y Podemos, a instancias del Gobierno, trataron de eliminar el requisito de la mayoría reforzada en el Parlamento a la hora de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que alarmó a Bruselas.

Como ya hemos señalado en estas mismas notas editoriales, la siguiente maniobra gubernamental consiguió impedir que el CGPJ en funciones pudiera hacer nombramientos de jueces y magistrados, no fuera a ser que los elegidos no resultaran «suficientemente progresistas», aunque a costa de paralizar los relevos y alterar la normal composición y funcionamiento de los Tribunales.

Hay que insistir en que la elección por la mayoría de izquierdas de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, algunos con estrechas vinculaciones al Ejecutivo socialista, no hace más que reafirmar lo que decimos. Este es el fondo de la actual controversia respecto a la renovación del órgano de administración de los jueces y, sin duda, la razón última de que el Partido Popular haya mantenido su negativa a acordar el desbloqueo en las mismas condiciones. Creemos que se trata de la única decisión correcta para Alberto Núñez Feijóo, por más que la propaganda gubernamental haya tirado del manual de «la perversa derecha».

El líder del PP tiene el deber de mantener con firmeza su postura, sin amedrentarse ante el ruido mediático, porque, entre otras razones, se trata de una gran oportunidad para cambiar el sistema de elección en favor de los jueces, lo que reforzaría su independencia, y porque es lo que la Unión Europea, desde el Convenio de Roma, señala como deseable. Es decir, que sin el compromiso socialista de la reforma no debería haber renovación.