La casa de LA RAZÓN se honró ayer con la presencia de una especialmente señalada representación del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado sobre los que se asienta una democracia plena como la española, en un momento convulso políticamente que no tendría nada de extraordinario, si no fuera porque la acción del Ejecutivo y de los partidos que lo sostienen en precaria estabilidad han desbordado su campo de actuación para contaminar desde el más descarnado partidismo el único reducto al que cabe atribuirle los principios de neutralidad, independencia y rigor profesional que establece nuestro ordenamiento constitucional. En cualquier otra circunstancia, podría sorprender que entre los asistentes a estas «reflexiones sobre la Justicia» figuraran algunos de los jueces y fiscales que son motivo de atención mediática y cuyos nombres, muy a su pesar, se han ido haciendo conocidos entre la opinión pública, pero la tremenda realidad es que los tribunales de justicia, también muy a su pesar, se han convertido en el último valladar del respeto a las instituciones democráticas y, por supuesto, la frontera que marca las lindes de la Ley, no muy bien percibidas por un Gobierno proclive en exceso a utilizar la letra del ordenamiento jurídico, que no su espíritu, para colonizar instituciones del Estado. Podríamos multiplicar los ejemplos de esta invasión, que llega, incluso, a buscar la cooptación del sector privado, como podríamos seguir denunciando a un ejecutivo que ha hecho gala de desprecio al Parlamento y a todas aquellas normas que el legislador no «protegió» adecuadamente, por entender que nadie con principios democráticos al uso aprovecharía huecos y gateras para sortearlas –caso de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que es un mandato constitucional–, sólo para destacar lo que significa en nuestro presente como Nación el buen funcionamiento del sistema judicial. Estremece pensar que puedan salir adelante unas reformas de la Justicia como las que se plantean desde La Moncloa, asediada por los escándalos más variados de corrupción y nepotismo, o que hubiera llegado a mal puerto el pretendido cambio en las mayorías para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, como insistía en llevar a cabo el sector comunista del Gobierno, amenaza que fue obstaculizada por la Comisión Europea. Así, no es posible desvincular la campaña de desprestigio y las presiones indisimuladas desde el Poder Ejecutivo que sufren los jueces españoles de la pulsión endémica de la izquierda por controlar la Magistratura, esa teoría del Derecho alternativo, pero tampoco de los intereses personales de quien trata de aferrarse al poder. No tendrán éxito. Como se vio ayer en la Casa de LA RAZÓN, la Justicia en España sí va bien, sostenida por unos profesionales independientes, sólo atentos al servicio de los ciudadanos.