Imputados cuatro directores de centros de menores y un empresario por el presunto desvío de ayudas europeas en Canarias

La Policía Nacional ha dado carpetazo a la operación Tabaiba, una indagación bastante enrevesada sobre temas económicos y patrimoniales, que ha sacado a la luz un posible manejo irregular de dinero europeo en diferentes residencias para menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote. Cuatro jefes de estos centros, un empresario del ladrillo y la fundación que se encargaba de administrarlos han sido señalados por la justicia por su presunta participación en el uso indebido de las subvenciones.

La pesquisa, liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, arrancó en 2022 a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), adscrito al Banco de España. Dicho informe alertaba sobre movimientos raros de dinero en bancos, sin justificación aparente, relacionados con los responsables de varios centros de acogida. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas abrió entonces una investigación que se ha extendido durante tres años y que hoy sigue siendo supervisada por la Fiscalía Europea.

Gastos personales pagados con dinero público

Al revisar miles de apuntes contables, se descubrió que los investigados podrían haber usado parte de las ayudas del programa Next Generation, gestionadas a través del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote, para asuntos personales. De los más de 1,6 millones de euros que recibió la fundación, más de 1,1 millones fueron retirados en efectivo mediante reintegros hechos en pequeñas cantidades. También se encontraron transferencias de más de 25.000 euros a cuentas personales y pagos de gastos que no tenían nada que ver con la gestión de los centros, como tratamientos de belleza, viajes, gasolina o comidas en restaurantes.

Finalmente, los bancos cerraron las cuentas implicadas aplicando las normas para evitar el blanqueo de capitales, lo que permitió descubrir las operaciones sospechosas.

Facturas falsas y alquileres por las nubes

Cuando se le solicitó por orden judicial, la fundación entregó miles de documentos contables con la intención de justificar los movimientos de dinero. Sin embargo, los analistas de la UDEF encontraron facturas repetidas o sin fecha, servicios que no se podían identificar y documentos que no correspondían a los centros. Según los investigadores, todo esto indicaba que se había manipulado la contabilidad a propósito para ocultar el desvío de fondos.

En el transcurso de la investigación, salió a la luz una red de alquileres con precios exagerados en las propiedades destinadas al alojamiento de los jóvenes. El dueño de estos edificios, en colaboración con la fundación, parece que usó compañías pantalla para alquilar los centros a precios que llegaban a ser el doble o el triple de lo que realmente valían en el mercado. Entre el 2021 y el 2023, este sobreprecio rebasó la cifra de 1,3 millones de euros. Este dinero fue desviado hacia otras inversiones en bienes raíces, creando un sistema que, a ojos de la Policía, apuntaba a movimientos de lavado de dinero.

La pesquisa sigue su curso

La Fiscalía Europea ha acusado formalmente a los cuatro directivos, al empresario y a la propia fundación por los supuestos delitos de malversación de fondos y blanqueo de capitales. Los involucrados, cuyas edades oscilan entre los 31 y los 61 años, no tenían historial delictivo previo. El proceso judicial sigue en marcha, a la espera de una revisión contable independiente que aclare la magnitud económica precisa del daño ocasionado a los fondos públicos y europeos.