El Gobierno obliga a miles de hogares y pensionistas a evaluar los riesgos laborales de sus empleadas del hogar en noviembre

La sobrerregulación y la burocracia vuelven a impactar sobre los hogares españoles, que tienen que asumir nuevas cargas legales. En este caso, las familias que tienen dadas de alta en la Seguridad Social a empleadas del hogar deberán implementar y tener actualizada una evaluación de riesgos laborales obligatoria del puesto de trabajo, para cumplir con las obligaciones derivadas del real decreto aprobado el pasado año y que regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. El objetivo de los ministerios de Trabajo de Yolanda Díaz y de Seguridad Social que dirige Elma Saiz es «regular la protección de la seguridad y la salud» en el ámbito del servicio del hogar familiar y «reconocer que las personas empleadas en el hogar estén protegidas frente a los riesgos derivados de su trabajo», explican fuentes ministeriales. Una situación que afecta directamente al empleador, que es el que debe asumir esta nueva gestión burocrática, en este caso digital.

El departamento de Díaz dio seis meses de plazo a los hogares para tener en vigor esta evaluación, a partir de que estuviera activa «on line» la herramienta para realizar este proceso. Como la plataforma www.prevencion10.es se puso en funcionamiento el pasado mes de mayo, a partir del próximo lunes , una vez entrado el mes de noviembre, los empleadores deberán tener ya realizada dicha evaluación y haber implementado las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir los riesgos detectados. Si no quieren tener consecuencias indeseables en forma de sanciones y expedientes abierto por la Inspección de Trabajo, tras la evaluación se deberá descargar un documento denominado «Plan de prevención de riesgos laborales» que deben firmar tanto el empleador como la empleada, y estar disponible en el domicilio en el que se realiza la actividad laboral por si lo requiere un inspector.

No tener un plan de riesgos laborales en el hogar puede acarrear sanciones administrativas, que van desde multas de 45 euros en las más leves hasta más de 800.000 euros en los casos graves. Además del deber de asumir los gastos de cualquier accidente, el empleador podría enfrentarse a responsabilidades adicionales, como un recargo adicional en las prestaciones de su empleada. Pese a que no existe aún un régimen sancionador específico, los expertos consultados por LA RAZÓN apuntan a que esta falta sería una infracción administrativa, que tiene esos importes en las multas.

De este modo, el Gobierno continúa empeñado en que los hogares españoles actúen como micropymes en el ámbito legal, con obligaciones plenas en prevención de riesgos en el trabajo. Todo ello se suma al incremento continuo de las cotizaciones sociales y del salario mínimo interprofesional (SMI), que se han disparado en el último lustro. La consecuencia directa es que desde junio de 2018, fecha en que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, el número de trabajadoras afiliadas al Sistema Especial de Empleados del Hogar (SEEH) ha perdido casi 80.000, pasando de unas 419.000 personas a apenas 347.000 en septiembre de 2025, una reducción superior al 17%.

Esta nueva exigencia burocrática volverá a afectar a los hogares más vulnerables, los de los mayores que viven solos con algún tipo de asistencia en su domicilio, que están obligados también realizar esta gestión sin tener apoyo familiar ni conocimientos tecnológicos. El Ministerio les obliga a que introduzcan los datos del empleador, de las personas que trabajan en casa y explicitar las tareas que realizan. Luego deben contestar una serie de preguntas sobre bloques diferenciados y, tras la evaluación tienen que descargar un documento para defenderse ante la Inspección. Recuerdan desde Trabajo que estas medidas «no generan cargas económicas» a los empleadores, único alivio en esta nueva carga burocrática.