Es el Estado quien financia, no Sánchez

La deuda pública de Cataluña en el primer trimestre de este 2024 superaba los 87.000 millones de euros, es decir, el 31,10 por ciento del PIB. Supone, pero sólo a efectos estadísticos, que cada ciudadano residente en el Principado «debe» algo más de 10.000 euros, frente a los 5.000 euros que «debería» pagar cada madrileño por el mismo capítulo. Sin embargo, la principal diferencia entre las comunidades de Madrid y Cataluña, por señalar las de mayor renta de España, no es tanto el montante de la deuda pública –en Madrid es de 38.300 millones, el 13 por ciento del PIB– sino su estructuración.

Mientras en Madrid la mayor parte de los créditos proceden de préstamos de la banca española y extranjera o de la emisión de bonos, en Cataluña el principal acreedor es el Estado, con un montante de más de 74.000 millones de euros, remanente de los 102.000 millones que, a lo largo de los últimos 12 años, solicitó la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), instrumentos creados por los gobiernos del PP para que las comunidades autónomas pudieran hacer frente a la crisis económica de 2008 sin recurrir a unos mercados financieros exteriores que reclamaban intereses desorbitados. Por el contrario, Madrid, que mantuvo sus buenas notas en las agencias de calificación crediticia, renunció al FLA y se financió por su cuenta y riesgo.

Sirvan estos datos, que son de dominio público, para circunstanciar el «relato» del nacionalismo catalán sobre la realidad de la deuda pública de la Generalitat y para explicar a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España un hecho que parece desvanecer entre las confusas explicaciones y justificaciones del equipo de opinión sincronizada gubernamental, como es que no es el Gobierno de Pedro Sánchez quien financia a las comunidades autónomas, sino el Estado, que es, al final, el garante último de los créditos.

Cabe, pues, preguntarse qué derecho se arroga La Moncloa para utilizar el dinero de todos los españoles –los de ayer, los de hoy y los que vendrán mañana– para garantizarse los votos de unos partidos nacionalistas a quienes, al parecer, nadie quiere pedir cuentas sobre su desempeño económico y financiero al frente del gobierno de todos los catalanes, y que bajo las más peregrinas excusas pretenden deshacerse graciosamente de lo que deben.

El hecho de que en la mentalidad de la izquierda española el «dinero público no sea de nadie», en pasmosa aseveración de la ex ministra socialista Carmen Calvo, no empece para que se exija al actual Gobierno un trato igual para todos los ciudadanos que, y parece increíble tener que repetirlo, son los que pagan impuestos de acuerdo a su nivel de renta y sin importar el lugar de España en el que residan. Lo demás es pagarse la permanencia en La Moncloa con el dinero de todos los españoles.