Feijóo está legitimado para ir a la investidura

Pedro Sánchez ha irrumpido desde su retiro vacacional para proclamar que contará con los apoyos suficientes, e incluso alguno más, para sacar adelante la investidura. Con este movimiento, el líder socialista ha alentado un escenario de boicot y deslegitimación de las pretensiones de Alberto Núñez Feijóo como triunfador de las elecciones generales. Como es habitual en el presidente del Gobierno en funciones, su propósito ha consistido en tensionar el procedimiento reglamentado, incluso a costa de menoscabar y deslucir el papel del Rey en un proceso constitucionalmente tasado, en el que Sánchez despachará en Zarzuela como el resto de representantes. La vocación y la voluntad de interceder y confundir las reglas del sistema y la condición de las instituciones ha sido una constante en la pasada legislatura, en la que Sánchez y sus socios se emplearon en el día a día con la arbitrariedad de quien se arroga un poder absoluto y vitalicio. Esa ausencia de interés y respeto por las reglas, que lo son todo en democracia, se ha puesto de nuevo de manifiesto con esa declaración en la que de facto se declara candidato a la investidura sin aguardar a Don Felipe, las consultas, las aportaciones del resto de los partidos y las deliberaciones consiguientes. Sánchez está en su derecho de pensar que dispone de los escaños suficientes y que, por el contrario, el presidente del partido más votado por los españoles no, pero esa es únicamente su palabra, que, por lo demás, no es la que goza de mayor crédito. El presidente en funciones puede que no confunda su deseo con la realidad, pero este no es el momento, no es el suyo, desde luego, sino el del Rey y la Constitución. El líder del PP está en su pleno derecho de buscar la confianza suficiente del Parlamento. Su legitimidad es incuestionable, amparada tanto en la tradición de la que emanan las leyes no escritas del régimen de libertades, como por el balance electoral. En la historia de nuestra democracia el partido que sale triunfador de los comicios generales se gana el derecho a concurrir al pleno de investidura. Siempre ha sido así salvo desistimiento voluntario del candidato. Cómo cuestionar siquiera los avales de un aspirante a presidente del Gobierno que ha ganado en 40 de las 52 circunscripciones electorales, y que ha obtenido mayoría absoluta en el Senado, frente a Sánchez, que sólo ha retenido 10 provincias de las 35 en la que los socialistas habían sido la lista más votada en 2019. Está por ver el desenlace final, pero sobre todo debe prevalecer el estado de derecho, la soberanía del Parlamento y la función del Rey, con competencias clarísimas que no debieran ser cuestionadas ni alteradas, menos aún por el presidente del Gobierno en funciones, al que le cuesta comprender que la democracia no es él y que las arbitrariedades tan de su gusto son propias de regímenes iliberales.