Viene siendo habitual en un Ejecutivo como el que preside Pedro Sánchez, con problemas endémicos para aprobar los Presupuestos Generales, recurrir a otro tipo de figuras legales para afrontar las necesidades de tesorería. Notablemente, ha ocurrido con gastos extraordinarios del Ministerio de Defensa, como los producidos por un incremento de las misiones en el exterior, entre otros, para los que se ha utilizado el fondo de contingencia establecido por la ley, cuyo funcionamiento tiene la particularidad de que no necesita pasar por el control parlamentario, evitando al Gobierno tener que dar explicaciones a unos socios, los de la izquierda radical, que tienen a gala un pacifismo de salón, que no es más que una pulsión antimilitarista y antioccidental.

Hasta ahora, la fórmula ha sacado de apuros al Gabinete, hasta el punto de que algunos analistas consideran que con el fondo de contingencia, sumado a otras partidas de ministerios como el de Industria, el gasto militar real en España se acerca bastante al 2 por ciento del PIB, cifra imposible de confirmar con los datos oficiales, pero que está dentro de lo verosímil.

Ahora bien, es evidente que en las actuales circunstancias, con una Comisión Europea dispuestas a controlar el uso del incremento del déficit autorizado a cada socio, así como el destino de los préstamos a bajo interés –que la UE financie el rearme a fondo perdido no deja de ser un deseo voluntarista del inquilino de La Moncloa– no parece factible seguir recurriendo a la financiación de los gastos militares por la puerta de atrás, aunque sólo sea porque todos los especialistas en materia de defensa consideran que es necesario diseñar en profundidad un planteamiento técnico a medio plazo de los materiales que imponen los nuevos conceptos de las operaciones de guerra, tras la experiencia en el campo de batalla ucraniano, con independencia de que, en lo inmediato, haya que reponer las existencias de munición en unos polvorines bajo mínimos.

Con estas consideraciones queremos señalar la necesidad de abordar el rearme desde un planteamiento estratégico a largo plazo, lo que implica en un país normal un desarrollo presupuestario plurianual que sólo puede planearse a través de sucesivos Presupuestos del Estado, lo que, dada la situación de la actual «mayoría de progreso» no parece factible.

La opción lógica es recurrir al acuerdo con una oposición como la del Partido Popular, con sentido de Estado demostrado, pero no al uso habitual del sanchismo, es decir, empleando los PGE a modo de gigantesco decreto ómnibus para obligar a los populares a aprobar partidas de carácter ideológico con las que es imposible estar de acuerdo. Se impone, pues, una negociación al uso en cualquier democracia que se precie. De lo contrario, Feijóo estará en su perfecto derecho de dejar que el Gobierno busque apoyos entre sus «pacifistas» socios.