Editorial

Por una Fiscalía que sea independiente

La obra política e institucional que debería afrontar un próximo gobierno de España sería la de legislar para garantizar la independencia efectiva de la Fiscalía General del Estado frente al ejecutivo de turno.

Comparecencia de Pedro Sanchez en en Palacio de la Moncloa para hacer balance del año politico. © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 23 12 2024
Comparecencia de Pedro Sanchez en en Palacio de la Moncloa para hacer balance del año politico.© Alberto R. RAlberto R. RoldánFotógrafos

En el ordenamiento jurídico español se entendía el principio de dependencia jerárquica de la Fiscalía como garantía de la unidad de criterio en las actuaciones, es decir, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y sin perjuicio de la debida imparcialidad de los fiscales. Esto era así, al menos, hasta la llegada a la presidencia del Gobierno del líder socialista, Pedro Sánchez, para quien, al parecer, la dependencia jerárquica de los fiscales no termina en la Fiscalía General del Estado, sino que escala hasta el Ejecutivo por la simple y llana razón de que es el inquilino de La Moncloa el que nombra al fiscal general del Estado.

Esta adulteración de uno de los principios que informan el Ministerio Público tiene una trascendencia política e institucional que no es posible ocultar por cuanto corresponde a los fiscales el ejercicio del principio acusatorio, hasta el punto de que, en ausencia de la acusación particular o popular, el magistrado instructor se ve obligado al archivo o sobreseimiento de una causa si la fiscalía actuante así lo decide.

De ahí, que en la tradición secular jurídica española siempre haya existido la figura de la acusación popular, recogida una vez más en la Constitución de 1978, en el artículo 125, que faculta a los ciudadanos, ante la existencia de delitos difusos o colectivos, a ejercer la defensa de la legalidad y de la sociedad. No vamos a extendernos en la recopilación de sentencias que sólo han sido posibles gracias a las acusaciones populares, pero sí debemos señalar que frente a los abusos partidistas del sistema, en cualquier caso bajo control de los jueces, brillan más los episodios en los que se procuró la justicia debida.

Por lo tanto, a nadie en su sano juicio se le escapa que la combinación de una acusación particular limitada, unas fuentes de prueba o indicio – los «recortes de Prensa»– anuladas ejecutivamente, unos magistrados instructores con su imparcialidad puesta en duda y unos fiscales bajo la dependencia jerárquica como la entiende el actual Gobierno de coalición social comunista forman una combinación letal para la independencia de la Justicia y las garantías de equidad de los ciudadanos.

Si, además, se extiende la duda sobre los criterios que informan al Tribunal Constitucional, se entiende que la obra política e institucional que debería afrontar un próximo gobierno de España sería la de legislar para garantizar la independencia efectiva de la Fiscalía General del Estado frente al ejecutivo de turno. Singularmente, si se pretende trasladar a los fiscales la instrucción de las causas penales, convirtiendo al juez en garante del proceso. De todas las ocupaciones de las instituciones del Estado que ha llevado a cabo el sanchismo, la de la Fiscalía sería de las más preocupantes, más allá de que, al final, los familiares directos de Pedro Sánchez, a quienes protege la presunción de inocencia, sean objeto de un reproche penal.