Si hay un gobierno en la UE que ha presumido de su compromiso con la lucha contra el calentamiento global y la descarbonización de la producción eléctrica es el que preside Pedro Sánchez, hasta el punto de renombrar el clásico departamento de Medio Ambiente con un barroco «Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico», a modo de declaración ideológica que, sin embargo, no parece que estuviera respaldada por una planificación que fuera más allá de la multiplicación de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar, como principal y casi única línea de avance.

Ni que decir tiene que el gran apagón del 28 de abril puso de manifiesto las carencias de ese plan teñido del entusiasmo climático que caracterizaba a su mayor impulsora, la exministra y hoy comisaria europea Teresa Ribera, mucho más preocupada por acabar con las centrales nucleares españolas que en articular un modelo equilibrado de producción eólica y fotovoltaica con su necesario sistema de almacenamiento, dado que ni el sol ni el viento se pueden conservar. El resultado es la enorme extensión de las plantas de generación, en una «burbuja» propiciada por las subvenciones oficiales, pero que amenaza con una bajísima rentabilidad a futuro, una vez que todos los sectores energéticos están de acuerdo en que no va a ser posible cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, entre otras cuestiones, por la incapacidad de desarrollar los proyectos de almacenamiento, los parques de baterías, que permitan suministrar renovables a la red tanto de día como de noche o en periodos de calma chicha.

Al mismo tiempo, la vertiginosa expansión de los parques de aerogeneradores y los campos de placas fotovoltaicas en zonas tradicionalmente agropecuarias, las menos pobladas, ha acabado por provocar un fuerte rechazo popular, muy mal entendido entre la opinión pública más urbanita, que no sufre directamente la agresión paisajista de las nuevas centrales, lo que, sin duda, está detrás de los obstáculos administrativos y medioambientales con los que se tropiezan muchos de los nuevos proyectos de generación presentados.

De hecho, la caída de las autorizaciones va en aumento y el propio Gobierno ha tumbado en el segundo trimestre de 2025 la mitad de la potencia solicitada, tal y como hoy publica LA RAZÓN. Si a este panorama le añadimos la resistencia gubernamental a ampliar las redes de distribución, lo que limita nuevas inversiones por falta de capacidad de conexión, y el fracaso en el ritmo de electrificación del sector del automóvil, sin redes de carga dignas de ese nombre, se comprenderá que, como en otros campos de la economía, la reconocida habilidad propagandística de los equipos del Gobierno no ha bastado para suplir la falta de una estrategia a largo plazo que no sólo tuviera en cuenta el fervor ideológico de la señora Ribera.