Inaceptable acoso a la libertad y la empresa

Hay pocas señales más inquietantes para la salud económica de un país y para el porvenir político de una administración que las que mandan al unísono las fugas empresariales y una inversión extranjera esquiva. Es comprensible el disgusto de Moncloa con la decisión de Ferrovial de marcharse a Países Bajos, que la junta de accionistas refrendará mañana. Entendemos el descontento del Ejecutivo porque es una mala noticia sin matices para el país y de paso envía un pésimo mensaje sobre la acción de gobierno de la izquierda en el poder, que enturbia el marco en el que las sociedades desempeñan su actividad dentro de nuestras fronteras. Como mínimo, movimientos de ese calado en firmas del volumen de negocio y ascendencia nacional e internacional de Ferrovial introducen una duda en el mercado y no parece arriesgado especular con reconsideraciones de planes de futuro foráneos en España.

Disentir de las actuaciones de una empresa privada con evidente impacto en la economía nacional entra dentro de la lógica de cualquier administración, pero convertir las diferencias en hostigamiento e injerencia no es lo más serio ni aconsejable. En este sentido, la carta del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en la que insta al consejero delegado de la compañía, Ignacio Madridejos, a informar en la junta a sus accionistas de que la empresa podría cotizar en Estados Unidos sin salir de España, razón que fundamenta la constructora para su marcha, nos parece extemporánea. Es una maniobra que alimenta una teatralidad gubernamental estéril, casi de cara a la galería, y alejada de los ámbitos y los términos rigurosos en los que se deberían sustanciar asuntos de esa índole, que en todo caso deberían abstenerse de intromisiones insólitas en la funcionalidad de la compañía. Por más que Ferrovial haya rebatido el alegato del Ejecutivo sobre la doble cotización en el parqué estadounidense desde Madrid. El acoso y la coacción no son la estrategia más inteligente que se le recuerda a este Gobierno. Tampoco rezuma sagacidad instrumentalizar la Agencia Tributaria como un agente hostil que amenaza las potenciales exenciones para la empresa derivadas del proceso.

El grupo presidido por Rafael del Pino ha esgrimido razones económicas que sustentan esta operación. Ni Moncloa ni sus terminales se han planteado cómo se ha llegado al punto en que una sociedad como Ferrovial, con su historia y sus raíces, se ha decantado por un movimiento así, que no habrá sido fácil. Se puede pensar que se recoge lo que se siembra y que la izquierda ha situado el cartel de sospechoso sobre el empresariado en lugar de haber tejido complicidades y sintonías con los artífices de buena parte de la prosperidad y el bienestar de los españoles. La libertad, la propiedad y la seguridad jurídica son baluartes del estado de derecho y los poderes públicos deberían velar por ellos con todos los medios. Este Gobierno no lo ha hecho y las consecuencias no son baladíes.