En una democracia no se pueden amnistiar los delitos cometidos contra el ordenamiento jurídico y constitucional porque presupone la falta de legitimidad del Estado a la hora de establecer el marco jurídico de convivencia. No parece que sea un planteamiento difícil de entender, más aún cuando están al alcance de cualquiera las actas de las sesiones de las Cortes constituyentes en las que se debatió la inclusión o no de una ley de perdón general en el articulado de la Carta Magna. No sólo los padres de la Constitución rechazaron la propuesta, sino que fueron más allá al prohibir expresamente los indultos generales, dado que en un sistema de libertades públicas la responsabilidad de los ciudadanos siempre es individual.

Por lo tanto, en el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, la mayoría progresista no ha votado a favor de una interpretación jurídica; ha respaldado, simple y llanamente, el acuerdo de investidura con Junts, que permitió a Pedro Sánchez mantenerse en La Moncloa con los votos de los nacionalistas catalanes, precisamente, los mismos con intereses directos y personales en la amnistía, más allá de su voluntad de deslegitimación del Estado y su marco legal. No hay, pues, otra motivación que la de un acuerdo entre partes que intercambian servicios y acuerdan el precio correspondiente. Hablar de intereses generales, de la convivencia entre españoles o de la superación de conflictos no deja de ser un sarcasmo hiriente.

Con todo, lo peor no es el aval de unos jueces pretendidamente progresistas, devenidos en asistentes del sanchismo, a una cacicada infame, no. Lo peor es que al tratar de vestir el engendro con ropajes jurídicos, el Tribunal introduce el concepto de Constitución abierta, en la que está permitido todo lo que no está expresamente prohibido, argumento político que va directamente en contra de los principios de separación de poderes que informan las democracias representativas. Con toda probabilidad, los diversos sectores gubernamentales darán por amortizada la amnistía entre la opinión pública, de la misma manera que Conde-Pumpido ha acelerado los plazos todo lo posible, en la esperanza de que la tremenda actualidad que vivimos actúe de cortina de humo de una acción que pone a los pies de los caballos la legitimidad del Estado y abre la vía a un cambio en el paradigma constitucional por la puerta de atrás.

Es cierto que el rosario de escándalos que afectan al Gobierno hace que los ciudadanos dejen pasar sin mayores aspavientos la ley del perdón, conscientes de que en este asunto solo cuenta quien tiene mayor número de magistrados afines, no importan las razones jurídicas que se puedan aducir. Pero este miserable intercambio de votos por impunidad no acaba aquí. Falta la intervención de las instituciones europeas y, por supuesto, la firmeza del Tribunal Supremo respecto al delito de malversación que afecta a Carles Puigdemont. No es poco.