Una ley contra Derecho y por la puerta trasera

No deja de ser una grave anomalía de nuestro sistema parlamentario que una ley de amnistía de tanta trascendencia política y que suscita el rechazo de buena parte de la opinión pública pueda tramitarse sin los informes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal, órganos consultivos de acreditada solvencia jurídica, cuyos dictámenes, aunque no sean vinculantes, iluminan con las mejores luces los proyectos legislativos.

Pero el Gobierno en funciones ha decidido que la cesión a las demandas de los nacionalistas catalanes –que buscan, por un lado, la impunidad de sus actos y, por otro, la deslegitimación de la Justicia y, por ende, del modelo constitucional– se tramiten como proposición de ley, procedimiento exento de cualquier control externo al Parlamento y mucho más rápido. Es cierto que un Ejecutivo en funciones, como el actual, no puede presentar un proyecto de ley orgánica, pero aquí también nos hallamos ante ese aforismo de "hacer de la necesidad, virtud" que, al parecer, se ha convertido en el nuevo lema de la familia socialista. Porque no sólo se eluden algunos farragosos trámites parlamentarios, sino que se evita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inste directamente a la aprobación de tamaño dislate, dado que serán los grupos parlamentarios que conforman la «mayoría Frankenstein» quienes eleven la propuesta a la presidencia de la Cámara.

Aunque en algunos cenáculos se bromea con la especie de que, en realidad, ni Junts ni ERC se fían de que Sánchez, una vez que sea investido, cumpla con sus promesas, lo cierto es que la investidura se acerca ya a sus plazos perentorios y en ningún caso estaría aprobada la ley de amnistía antes de que hubiera que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.

O, dicho de otro modo, los socios de Sánchez se conforman con la mera presentación de la proposición legislativa para respaldar al candidato socialista. Sin duda, porque disponen de otros instrumentos de presión más que suficientes para hacer caer el gobierno en caso de que se produjera un "cambio de opinión" más del líder del PSOE. Asimismo, el Senado, por más que lleve adelante la reforma del reglamento para igualar los plazos de tramitación de las proposiciones de ley con los de los proyectos de ley, tampoco podrá paralizar eternamente la aprobación de la amnistía.

Ahora bien, una cuestión es el trámite parlamentario de una ley contra Derecho y por la puerta trasera y otra distinta es el tiempo de aplicación práctica. Nos referimos, claro, a la demanda de inconstitucionalidad que, sin ninguna duda, planteará el Tribunal Supremo en los casos que le afectan o, incluso, a la posibilidad nada desdeñable de que se eleve como cuestión prejudicial a Europa. Hablamos de que el expresident tendrá que pasar, al menos, otro invierno en la fría y obscura Bélgica.