La ley del solo sí es sí: una mancha indeleble para todo el Gobierno

Hacía demasiados días que no se actualizaban los datos sobre las consecuencias penales de la ley del sólo sí es sí. El Gobierno estaba tranquilo y había logrado en parte desviar el foco de un asunto letal para sus intereses ante un horizonte electoral crucial. Incluso se habían disparado las especulaciones sobre ese parón en el flujo de la información desde los órganos jurisdiccionales que había coincidido con el anuncio de un pleno monográfico con todos los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para fijar doctrina en relación con los recursos presentados contra las revisiones de las condenas los próximos 6 y 7 de junio. En este punto, es decisivo considerar que está pendiente la reforma de la Ley Montero, promovida por el PSOE para paliar el terremoto político y social causado, con el trámite de las enmiendas. No obstante, en nada afectará a casos pasados porque el principio de retroactividad únicamente se aplica en el caso de incidencia positiva para el reo, lo que, en principio, no será el caso. Como no podía ser de otra manera, la herida provocada por el texto de la ley del sólo sí es sí está muy lejos de haberse cauterizado y la hemorragia de casos ha seguido su curso en aplicación de un fundamento jurídico y penal básico. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha actualizado la cifra de delincuentes sexuales beneficiados por la iniciativa del Gobierno y ha elevado a 943 las rebajas de pena y a 103 las excarcelaciones desde el pasado 7 de octubre cuando la iniciativa entró en vigor. En los próximos días esa magnitud podría crecer con las aportaciones de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia pendientes de informar. El escenario dramático y desolador superará con creces los mil depredadores agraciados con la pavorosa decisión de Irene Montero, refrendada por el Consejo de Ministros al completo, sin distinción, de aliviar las penas de los violadores, pues conocían sin duda alguna los efectos de la ley que alumbraron. Hubo una decisión política premeditada y alevosa para alterar una legislación crítica por un interés exclusivamente político y guiado por una pulsión ideológica y sectaria. El perjuicio a la sociedad es ya escalofriante; para las víctimas, a las que ni un solo miembro de esta abominación ha dedicado un minuto de atención, resulta irreparable. Es más, la arrogancia y la soberbia que impregnan el discurso de Irene Montero, Ione Belarra, Victoria Rosell, Pablo Iglesias, Pablo Echenique y el resto del clan, incapaces de asumir errores y de pedir perdón, los define como un paradigma de la peor política, de aquellos que llegaron a la vida pública para servirse de ella y no para servir a los demás. Pedro Sánchez y el resto de los ministros socialistas están igualmente marcados por su flagrante responsabilidad. Que ni siquiera uno de los mayores escándalos haya provocado ceses prueba además la calidad de la democracia sanchista.