La conclusión más clara de lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados, si no la única, es que tanto los partidos que forman la coalición gubernamental como los que sostienen parlamentariamente al Gobierno dan por descontado que disolver las Cámaras y convocar elecciones anticipadas supone entregar el poder a la «derecha y la ultraderecha», circunstancia que, por diferentes motivos, prefieren no arrostrar, aunque la realidad de los escándalos de corrupción y la exposición a la hemeroteca convierta sus discursos y sus políticas en un ejercicio de doble rasero en todo su esplendor.

Por supuesto, es absolutamente legítimo que el inquilino de La Moncloa y sus apoyos traten de apurar la legislatura al coste que sea, pero la opinión pública agradecería que dejaran la presunción de que son los representantes de una mayoría social, de progreso, claro, que no se atreven a poner a prueba en las urnas por si resultara que no es así. Nos hallamos, pues, ante una «sociedad de socorros mutuos» en la que todos y cada uno tienen algo que ganar o proteger, en la que la gobernación de la Nación e, incluso, la dignidad de las instituciones del Estado, pasan a un segundo plano.

Por lo demás, la sesión demostró que el presidente del Gobierno confunde ese aforismo militar que reza que «la mejor defensa es un buen ataque» con el uso artero de los bulos, las medias verdades, las insidias calculadas y los lamentos victimistas, abriendo un choque en lo personal con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que no podía tener otro final que la pérdida de los últimos vestigios de la cortesía parlamentaria. A fuer de ser incómodos, no podrá quejarse Pedro Sánchez de que no se lo ha ganado a pulso.

Finalmente, todo indica que el Gobierno seguirá como hasta ahora, aferrado a la «teoría de los cuatro golfos», en el cálculo de que la saturación informativa, combinada con la llegada del periodo vacacional, ofrezca un respiro hasta el otoño y se pueda abordar la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado que salven el resto de la legislatura. Lo que el Ejecutivo tenga que entregar a cambio a unos socios que no solo ventean la debilidad del líder socialista, sino que alardean de ello, forma parte de las conjeturas y, en cierto modo, de los juicios de intenciones, ejercicio al que no estamos dispuestos.

Otra cuestión es que la trama corrupta, con señalamientos de varios jueces como «organización criminal», no escale en intensidad y extensión, y acabe por implicar a algún miembro del Gabinete o alto responsable en un gobierno autonómico. La prueba de que en los sectores gubernamentales no las tienen todas consigo es que se repiten los casos de «fuego amigo», que generalmente es preludio de los «sálvese quien pueda» que preceden al hundimiento. A la postre, ante la cerrazón sanchista, serán los denostados jueces los que tendrán la última palabra.