El nacionalismo es la antítesis de lo europeo

No deja de ser entrañable el optimismo de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cuando explica que sólo siete países comunitarios se oponen a la consideración de las lenguas autonómicas españolas como oficiales en el seno de la UE. Lamentablemente, esos siete son los gobiernos que manifestaron públicamente sus dudas, lo que llevó a la presidencia de turno, desempeñada por Polonia, a posponer sine die la toma en consideración de una propuesta cuya aplicación no sólo presenta problemas de orden práctico y económico, sino de naturaleza jurídica y, por supuesto, política, tal y como señalaron los ministros «disidentes».

Tal vez, prenda en un sector de la opinión pública el relato gubernamental que responsabiliza al Partido Popular del fiasco, con arrebato patriótico español de Carles Puigdemont incluido, pero a efectos de la correcta interpretación de lo sucedido, que, suponemos, es de interés para futuras actuaciones de nuestra diplomacia, no debería descartar el ministro Albares que el aroma nacionalista de la demanda del Gobierno sea, precisamente, la antítesis de los ideales de fraternidad, unidad y abolición de fronteras sobre los que se conformó una Unión Europea que surgía de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y trataba de superar los tiempos oscuros de los nacionalismos excluyentes que llevaron a la mayor matanza que ha conocido la historia.

Sin embargo, más allá de planteamientos filosóficos, siempre ha sobrevolado sobre la incomodidad de nuestros socios la certeza de que el gobierno español pretendía trasladar al seno de la Unión un problema de carácter exclusivamente doméstico, como es el compromiso adquirido por Pedro Sánchez para que Junts facilitara su investidura y la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. No nos cabe duda de que tanto la formación separatista como el PSOE se agarrarán a la culpabilización de Núñez Feijóo para evitar, al menos de momento, la ruptura del pacto de investidura, pero ello no empece que el líder popular haya actuado correctamente ante las servidumbres que suponían para España la demanda de la cooficialidad del catalán, el vasco y el gallego.

Servidumbres no sólo económicas, puesto que el Gobierno está dispuesto a sufragar a costa de los presupuestos la implantación de las lenguas cooficiales, con un gasto anual calculado de 132 millones de euros, sino políticas, ya que la obtención del favor de nuestros socios, que no suelen dar nada sin contrapartidas, debilitaba la posición negociadora española en asuntos determinantes como la estrategia agropecuaria, las políticas comerciales y energéticas y, especialmente, los gastos de Defensa. Puede que al inquilino de La Moncloa le interese más su propia estabilidad que esos asuntos candentes, pero la UE es refractaria a la infección nacionalista.