Un portillo trasero que eluda la Constitución

Si nos asimos a un frágil rescoldo de optimismo podríamos argumentar que las débiles y alambicadas respuestas de los distintos portavoces socialistas a la propuesta del jefe del ejecutivo autónomo vasco, Iñigo Urkullu, de abordar «una convención constitucional», que cambiaría sustancialmente el modelo territorial, hay que enmarcarlas en un momento político como el actual, en el que los votos del nacionalismo vasco son fundamentales para que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reedite su mandato. Porque la cuestión que plantea Urkullu, inmediatamente jaleada por otras formaciones nacionalistas, trata, simple y llanamente, de buscar un portillo trasero por el que eludir los títulos fundamentales de la Carta Magna.

No vamos a entrar ahora en la exégesis de la argumentación del dirigente peneuvista, entre otras razones, porque ya fue suficientemente tratada cuando se presentó el plan Ibarretxe ante las Cortes, pero sí debemos incidir en los aspectos más lamentables de la misma, como es el planteamiento de una superioridad de origen de unas comunidades «históricas» sobre otras, dando a entender que la mera existencia de pulsiones separatistas en una parte de la población local es título suficiente para menospreciar trayectorias históricas como las de León, Aragón o la propia Castilla, por poner tres ejemplos de imposible refutación.

Es, además, la pretensión de institucionalizar por la vía de los hechos el principio de desigualdad entre los españoles y, todo ello, desde una cada vez más exigua representación parlamentaria. Ciertamente, tal alarde supremacista hubiera exigido una reacción acorde con los postulados que dice defender el socialismo español –de Sumar no se espera nada, ya que la extrema izquierda aún está buscando una razón de ser tras la caída del muro de Berlín–, pero, como hemos señalado al principio, entendemos que la debilidad electoral del secretario general del PSOE aconseje mantener un perfil bajo frente a quienes deben garantizar los votos de su investidura.

Otra cuestión es que sea conveniente para la estabilidad política española dar pábulo a unos planteamientos que ni son nuevos ni tienen el menor encaje constitucional. De ahí, que debamos advertir a los representantes de las comunidades gobernadas por el PP y, también, a otras socialistas, del riesgo de entrar en una nueva carrera del «café para todos» que, en el fondo, sólo favorecería a quienes procuran la destrucción de España como Nación.

En cualquier caso, las vías para mejorar el autogobierno de las comunidades autónomas, como demuestra la experiencia de las últimas tres décadas, se encuentran en el marco constitucional. El mismo que establece la unidad indisoluble de la nación española y la igualdad de todos sus ciudadanos, comenzando por la equidad presupuestaria.