Sánchez se supera con las cesiones a Junts

Lo que hace apenas un año era claramente inconstitucional para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra portavoz, Pilar Alegría, ayer se había convertido en una decisión constitucional, tomada, además, «con la Constitución de la mano», en brumosa expresión de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que, también, se permitió aleccionar a los informadores presentes en La Moncloa respecto al uso correcto del término «delegación» de funciones, frente a «cesión o transferencia de competencias».

Nos referimos, por supuesto, al acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE para que la Generalitat gestione la política migratoria, expulsiones incluidas, y los Mossos compartan la vigilancia de fronteras con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que comienza su andadura parlamentaria en forma de proposición de ley, fórmula habitual del sanchismo para eludir los reglamentarios informes del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De las explicaciones semánticas de la ministra Saiz se desprenden dos posibilidades. O bien el Gobierno pretende hacer luz de gas a los ciudadanos, una de sus especialidades, o bien trata de engañar a Carles Puigdemont con unas competencias «fake» que no van a ningún sitio.

En el segundo caso, el daño para Carles Puigdemont no será irremediable, pues el líder separatista catalán, que se muestra convencido de haber conseguido una nueva «estructura de Estado independiente» para Cataluña, ya ha advertido a Sánchez de que todavía faltan algunas carpetas por negociar antes de que se pueda hablar de la aprobación de los Presupuestos Generales.

No es cuestión de glosar la trascendencia política, jurídica e institucional que tiene la cesión de las competencias migratorias, hasta ahora en manos exclusivas del Estado de acuerdo a la Constitución, a un gobierno autonómico, pero nos equivocaríamos si cargásemos la suerte sobre los nacionalistas catalanes –en breve, con toda seguridad, hablaremos del mismo asunto en términos vascos– por más que las motivaciones de Junts tengan también tintes xenófobos, en competencia con el partido abiertamente racista Alianza Catalana. Porque pretender que las mismas fuerzas políticas que han tratado de dinamitar el Estado español con la secesión de una de sus comunidades no saquen el máximo provecho para sus intereses de la debilidad parlamentaria y la ambición desmedida de poder del inquilino de La Moncloa sería caer en angelismos. Esta es la realidad de lo que está viviendo la sociedad española, cuyos gobernantes están convirtiendo la desigualdad de los ciudadanos en norma de conducta y acción política. La oposición y los sindicatos policiales tratarán de apoyarse en la Justicia, pero, al final, estará Conde Pumpido.