Sánchez tampoco tiene política migratoria

El presidente del auto titulado «mejor gobierno de la democracia», Pedro Sánchez, comienza una gira por tres de los países africanos –Mauritania, Gambia y Senegal– en los que operan con mayor fuerza las mafias de la inmigración irregular, especialmente, la que tiene como destino las costas canarias. Uno de los «mantras» más usados a la hora de abordar los problemas migratorios insiste en que las soluciones deben darse en los países donde se originan los flujos de emigrantes y en los que actúan como puntos de reunión de candidatos al cruce, a los que la opulenta Europa debe ayudar a cumplir las leyes internacionales con inversiones en medios y formación de personal, cuando no destacando efectivos policiales y militares propios.

Nada de esto funciona, como demuestra que los países africanos incluidos en la gira del presidente han sido y son destinatarios de ayudas millonarias por parte de los distintos gobiernos españoles. Caemos en una obviedad si señalamos que las mafias de la inmigración operan en aquellos lugares donde la presencia efectiva de los distintos estados apenas es testimonial o, en su caso, adolecen de profesionales inmunes al soborno. El ejemplo de la Libia de Gadafi, que yuguló la inmigración irregular tras sus acuerdos con la Unión Europea, hasta que la implosión del país devolvió el poder a las mafias, apoya lo que decimos.

Ahora bien, si desde el más simple pragmatismo reconocemos que en las presentes circunstancias la oleada migratoria hacia Europa es imparable, pero, también, que la selección de los emigrantes se produce en origen, puesto que son los más válidos, los más decididos y los más arriesgados quienes se atreven con el infernal viaje, tendremos que asumir que es aquí, en los lugares de destino, donde hay que gestionar el problema migratorio.

A ser posible, operando sobre la realidad, es decir, excluyendo buenismos y tremendismos, ambos de fuerte raigambre populista, que sólo contribuyen a elevar la tensión social y los miedos atávicos a lo extranjero.

Y ahí, radica uno de las principales desventajas españolas, también europeas, que es la ausencia de una política migratoria planificada y, sobre todo, sostenida en el tiempo, todo lo contrario de la línea de acción del sanchismo, que ha pasado del populismo buenista de sus primeros momentos a la inoperancia frente al recrudecimiento de las oleadas de cayucos y, por fin, a la anteposición de los intereses partidistas frente a los acuerdos con los ejecutivos autonómicos, que comparten la responsabilidad con el Gobierno central y, por lo tanto, deberían ser escuchados a la hora de tratar el problema. Sánchez puede intentar cambiar la Ley de Extranjería a las bravas o contar con el principal partido de la oposición, que no sólo gobierna en la mayoría de las autonomías, sino que está llamado a sucederle en La Moncloa. Política de Estado, vamos.