La sombra del fraude en las bajas laborales

El prototipo de las bajas laborales por enfermedad en España corresponde al de un trabajador menor de cincuenta años, con menos de tres años de antigüedad en la empresa, empleado en el sector servicios y afectado por patologías psiquiátricas o musculoesqueléticas, es decir, dolencias con una notable percepción subjetiva y, por lo tanto, de difícil refutación médica.

Hablamos de un problema que no deja de crecer y que, en el año 2022, ha supuesto un coste directo de 21.000 millones de euros para las empresas y la mutuas aseguradoras. Hablamos de más de medio millón de bajas mensuales, que suponen, en números redondos, que 700.000 trabajadores no hayan acudido ni un sólo día al año a su puesto de trabajo. Y hablamos, por fin, de un sistema que se demuestra incapaz de revertir un fenómeno que se compadece mal con el sostenido aumento de la esperanza de vida de los españoles y los notables avances de la medicina y la farmacología moderna y que, curiosamente, afecta en mucho menor medida a los trabajadores mayores de 50 años y con más de 11 años de antigüedad en las empresas o, por ejemplo, a quienes se emplean en la construcción, actividad, de toda evidencia, con una notable exigencia física.

Por supuesto, sería injusto pretender que la mayoría de las bajas por contingencias comunes responde a situaciones de mero absentismo laboral, pero no es posible obviar que el mercado de trabajo se enfrenta a una pérdida de productividad enmascarada en problemas médicos, las llamadas «bajas refugio», que responden, en realidad, a otras causas, y que los sistemas de salud laboral son incapaces de controlar.

Y no se trata de proponer medidas que puedan atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la confidencialidad de los datos sanitarios, sino de abogar por una agilización del sistema de revisión que evite los cuellos de botella de la inspección de la Seguridad Social, que pasa por una mayor coordinación entre las mutuas laborales y los servicios de atención primaria, sin descartar que se pueda reconocer el principio de veracidad a los facultativos de esas mismas mutuas que, no lo olvidemos, están sujetos y, sin duda, respetan los códigos deontológicos de la profesión médica. Redundaría no sólo en beneficio de las empresas, sino de los propios trabajadores que, en su gran mayoría, no recurren al fraude y se ven perjudicados por el absentismo de otros.

En España, según los datos de la mutua Asepeyo, el 72 por ciento de los trabajadores nunca ha presentado una baja por enfermedad, frente a un 3 por ciento que acumula el 26 por ciento del total de las bajas. Finalmente, que muchos de esos procesos carezcan en la práctica del menor seguimiento médico no dice mucho en favor de un sistema sanitario público que se reputaba de los mejores del mundo.