Las universidades tendrán que hacer un cálculo matemático para ver si sus alumnos pueden ir a clase en septiembre

La “nueva normalidad” del próximo curso académico en las universidades españolas obligará a un modelo “híbrido” de educación que combinará la educación a distancia con la presencial mientras la amenaza de Covid-19 siga vigente. Así, la nueva situación obligará a cada universidad a tener que hacer un cálculo de coeficiente de ocupación de cada una de sus actividades docentes e investigadoras que se desarrollen en sus instalaciones.

¿Cómo saber entonces si una universidad puede permitir a sus alumnos que vayan de manera presencial a las aulas el próximo curso académico? El Ministerio de Universidades tiene la respuesta en las recomendaciones que ha enviado a la comunidad universitaria para adaptar la vuelta a la actividad académica el próximo curso. Así, según el ministerio de Castells, ahora, los centros de educación superior tendrán que dividir el número de estudiantes matriculados en la actividad por la capacidad de la instalación teniendo en cuenta la separación de 1,5 metros entre los ocupantes. El resultado será la ocupación teórica. Pero luego tendrán que aplicar otra fórmula para saber la ocupación real para cada una de sus actividades docentes e investigadoras. Y eso será el resultado de dividir el número de estudiantes matriculados en la actividad por la capacidad real de la instalación. conclusión: “si el cálculo del coeficiente de ocupación real es superior al coeficiente de ocupación teórico la actividad no podrá desarrollarse de modo presencial en su totalidad y las universidades deberán adoptar las medidas pertinentes para que la actividad académica se retome de manera online”, concluye el Ministerio.

Una de las fórmulas que sugiere el departamento de Castells es que, si la universidad cuenta con los medios adecuados, podrán asistir de manera presencial la cuota de estudiantes que cumplan con el coeficiente y a su vez retransmitir la clase vía videoconferencia para el resto de matriculados en esa asignatura. Aunque, si se sigue esta opción, “deberían rotarse periódicamente” los alumnos que van a clase y los que la siguen desde sus casas. Su idea es que esta fórmula se utilice sobre todo para videoconferencias magistrales que tienen como público a un número elevado de estudiantes.

Por lo pronto, algunas universidades, como las del Grupo CEU, están instalando ya en todas sus Facultades y Centros Aulas para la doble presencialidad, que permiten tener a una parte de nuestros estudiantes en el aula y otros al otro lado de la pantalla, siguiendo las clases online.

No se doblan las clases para evitar sobrecargar al profesor

Si una universidad no supera el coeficiente, los alumnos podrán asistir a las aulas. Eso sí, “garantizándose todas las medidas de distanciamiento social e higiene”. Porque lo de aumentar la plantilla de profesores ni se contempla. “No se considera conveniente doblar las clases por grupos para mantener la presencialidad, porque ello implicaría una sobrecarga insoportable para el cuerpo docente”.

Las universidades, al igual que las comunidades autónomas, tendrán que hacer sus propios planes de contingencia por si un nuevo brote del virus obliga al confinamiento. Esos planes contemplan planes de formación para el profesorado, la adaptación de los sistemas de evaluación, horarios concretos para tutorías...Y las Agencias evaluadoras de calidad tendrán que acreditar, además, la calidad de las modalidades de enseñanza. Claro que, todos estos planes obligan necesariamente a una digitalización del sistema universitario y eso requiere mejor equipamiento informático y redes telemáticas además de una mayor capacitación del profesorado, que debe estar atento a que ningún estudiante resulte perjudicado porque carezca de medios. “Tenemos que evitar que nos sorprenda cualquier circunstancia que interfiera el normal desarrollo de la actividad universitaria”.

Universidades traslada a las comunidades autónomas los costes que lleven aparejados las medidas de digitalización y de formación de los profesores. Y alude a los 2.000 millones que el Gobierno va a transferir en materia de educación.