Cuando es el Gobierno el que segrega

Destruir sin justificación objetiva razonable un sistema educativo que funciona, que da buenos resultados, que es demandado por parte de la sociedad y cuya constitucionalidad ha sido ratificada en dos ocasiones por nuestro Tribunal Constitucional, resulta absurdo y contraproducente para cualquier persona con sentido común. Sin embargo, esto es precisamente lo que pretende hacer el Gobierno con la educación diferenciada concertada. La imposición forzosa de la educación mixta, única merecedora de financiación pública, como dogma intocable e insusceptible de discusión, solo es comprensible en aquellos países antidemocráticos que someten por la fuerza a sus ciudadanos a los principios de su dogmatismo blindado, a su relativismo escéptico, fruto de la soberbia autorreferencial y de la vanidad que niega el acceso a la verdad. Pero en un país democrático como España, algo así, solo se puede explicar desde la ignorancia, la estupidez o la maldad.

Desde la ignorancia, porque hoy son de sobra conocidas, en ámbitos académicos y científicos, las ventajas de este sistema educativo que, apreciando la especificidad femenina y masculina (porque la alteridad y el dimorfismo sexual existen, por más que algunos se empeñen en negar la ciencia que así lo proclama), aplican una metodología docente adaptada a sus singularidades. Por ello, este modelo en países como Estados Unidos; Francia; Reino Unido; Australia o Nueva Zelanda, entre otros, resulta ser el sistema más novedoso y progresista actualmente, implantado con el objetivo de acabar con las desigualdades provocadas por una educación mixta, ciega sexualmente y biológicamente irrespetuosa, responsable de los preocupantes datos expuestos en los documentos PISA (OCDE): la grieta entre niños y niñas en educación es cada vez mayor; los estereotipos sexuales se han acentuado gravemente y la deseada igualdad de oportunidades real es un objetivo que hoy parece más inalcanzable que nunca.

Mientras en países como Islandia, este modelo ha sido incluso premiado por su “innovación pedagógica” (vid. por ejemplo, la escuela Laufásborg, en Reikiavik), en España, nuestro Gobierno se caracterizan precisamente por esa ignorancia (rancia, arcaica, inmovilista) de sus miembros, orgullosamente “impersuasibles”, manifestada en una intolerancia radical hacia opiniones divergentes y en la imposición irrevocable de su pensamiento políticamente correcto.

Desde la estupidez, porque, aplicando el principio de Hanlon, según el cual “no se ha de atribuir a la maldad lo que pueda ser explicado por la estupidez”, podemos decir que solo desde la necedad se puede negar lo que la ciencia proclama (la existencia de formas de aprender diferentes entre niños y niñas) y nuestros tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, reconocen de manera reiterada (la supremacía de la libertad de elección de los padres por encima de una igualdad masificadora y neutralizante de los sexos). Pero al necio, como afirma Ricardo Moreno (Breve Tratado sobre la Estupidez Humana), le molesta la libertad porque no sabe qué hacer con ella y porque hace patente su inferioridad frente a quienes sí saben emplearla beneficiosamente; por ejemplo, para elegir el sistema educativo que mejor se adapta a las necesidades de sus hijos. Esta intolerancia intelectual hacia modelos pedagógicos diferentes al mixto, limita la inteligencia de las personas y anula la libertad de los ciudadanos.

Y desde la maldad, porque si tenemos en cuenta, como decía Unamuno, que “no hay tonto bueno”, debemos adivinar detrás de la supresión de los conciertos, un intento por dañar a las órdenes religiosas que se encuentran al cargo de la mayoría de los colegios de educación diferenciada en España y que desarrollan una magnífica labor (especialmente entre alumnos pertenecientes a minorías o de los entornos más desfavorecidos y realidades más conflictivas); colocando a muchos de ellos en los primeros puestos en las evaluaciones de calidad (en 2019, 16 de los 100 mejores colegios de España eran de educación diferenciada, una cifra importante si tenemos en cuenta que en su totalidad no alcanzan el 1%).

Para los ilustrados la educación era el camino hacia la libertad del individuo. Es la antifatalidad. Es precisamente la herramienta que nos libera de esas predeterminaciones sexuales sociales y biológicas que nos atan a nuestro pasado, a nuestros prejuicios, a nuestras debilidades naturales o aprendidas. La educación nos permite corregir las desigualdades sociales con las desigualdades intelectuales, es el camino hacia el conocimiento, la cultura, la emancipación intelectual y, en consecuencia, la libertad del individuo. En este sentido, la escuela diferenciada por sexos es teleológicamente coeducativa: su fin es garantizar una posibilidad real para niños y niñas de alcanzar los mismos objetivos y metas en lo profesional y lo personal, dándoles a todos las herramientas pertinentes para elegir con libertad su propia trayectoria, sin complejos, ni imposiciones miméticas rechazables.

Seguir rechazando el modelo actual de educación diferenciada, seguir dificultándole el acceso a la financiación pública o negar la apertura de colegios públicos diferenciados para los padres que así lo deseen (existiendo una demanda que va progresiva y exponencialmente en aumento) supone una postura rígida, anquilosada, que se cierra a la ciencia y a la innovación pedagógica, que ignora la tendencia innovadora de los países más pioneros en políticas de igualdad entre los sexos, que se opone a la jurisprudencia de nuestros tribunales y que desprecia y desobedece, frívola y descaradamente, los pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional. Pero sobre todo supone una segregación de aquellos padres que demandan este modelo educativo, a los que se les niega su derecho a elegir en libertad la educación que quieren para sus hijos en un marco de gratuidad garantizado constitucionalmente.