La selectividad más desigual: sin tope de preguntas y alumnos con suspensos

Educación da aún más competencias a las autonomías para regular la prueba, que se tendrá que hacer antes del 18 de junio en toda España

Sevilla.-Casi 2.350 estudiantes se examinan de Selectividad desde el lunes en la US y en la UPO
Unos alumnos se examinan de la Evau en la Universidad de Sevilla US

Más de 33.000 alumnos españoles se presentan este año, antes del 18 de junio (en convocatoria ordinaria) a las pruebas de acceso a la universidad en las condiciones más desiguales que ha habido nunca dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan.

Si hasta ahora se hablaba de 17 modelos diferentes de selectividad, Evau o Ebau, las últimas regulaciones que ha hecho el Ministerio de Educación por la pandemia y la orden publicada ayer en el BOE, que determina el examen de acceso, ahonda aún más en descentralización del sistema educativo que han criticado tanto algunos partidos, como PP y Cs, como los sindicatos educativos.

Así, según figura en el artículo 6 del decreto, que regula la longitud de las pruebas, ahora serán cada comunidad autónoma la que determine cuántas preguntas habrá en cada examen, cuando hasta ahora estaba establecido un mínimo de dos y un máximo de 15. La medida hará incluso más difícil el trabajo al Ministerio de Educación y FP, que había creado una comisión específica para revisar y comparar la Evau después de detectar «incidencias» respecto al grado de dificultad de las pruebas dependiendo de la Comunidad. Algunas, como Madrid y Castilla y León, habían denunciado que la selectividad «no es igual de exigente en todas las comunidades autónomas y eso es un agravio comparativo para los estudiantes madrileños», lamentaba el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio.

Así, «el hecho de que las comunidades autónomas tengan más competencias de las que ya de por sí tenían a la hora de regular esta prueba hará más difícil una homologación», asegura Jorge Sáinz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.

Los alumnos llegarán a la prueba este año en situación más desigual que se ha visto nunca después del decreto dictado por la ministra Celaá en septiembre pasado sobre medidas urgentes para adaptar la situación de la educación a las complejas circunstancias en que se desarrolla la actividad académica. El decreto suponía una rebaja la exigencia y ha dejado en manos de las autonomías el criterio para pasar de curso.

Así, se da la circunstancia de que alumnos que tengan asignaturas suspensas podrán obtener el título de Bachillerato y presentarse a la selectividad, si así lo permite su comunidad autónoma, pero en otras no se permitirá que ésto se haga así, como es el caso de Madrid.

Además, este decreto ha dado vía libre a los centros educativos para que flexibilicen lo que los alumnos deben aprender este año y se ha ido a impartir lo esencial, no todo el temario. Así, habrá institutos y autonomías en las que se haya dado un amplio currículo y en otras en los que no haya sido así porque, en definitiva, el claustro ahora tendrá en cuenta de manera global si un alumno ha alcanzado los objetivos del curso, más allá de si tiene suspensos o no.

Es por esto por lo que el responsable de Csif en materia de Educación, Mario Gutiérrez, considera que «el Ministerio de Educación no sólo no ha hecho nada para homologar la prueba, sino que la ha empeorado. Se puede hacer la prueba con suspensos y los contenidos mínimos obligatorios ahora se han convertido en orientativos. Cada administración ha entendido que es lo esencial de forma individual y los contenidos mínimos que se imparten son diferentes, pero el distrito universitario es único». A juicio de Gutiérrez, «no tiene sentido que diferentes exámenes acrediten para las mismas universidades».

Por otro lado, Sáinz asegura que la orden ministerial crea incertidumbre para alumnos del Liceo Británico, Francés o Italiano o aquellos que estudian fuera de España y quieren cursar estudios universitarios en España al no especificar cómo van a ser las preguntas para este alumnado. «El Gobierno se está cargando la internacionalización porque muchos padres que quieran enviar a sus hijos a España a estudiar no lo harán al tener dudas sobre cómo será el acceso a la universidad a estas alturas de curso», señala.