Sociedad

Castells busca la equidad de género en las universidades

El Gobierno da prioridad en la nueva ley a la contratación del “sexo menos representado” en “igualdad de condiciones de idoneidad”

Estudiantes examinándose de la EVAU en la Facultada de económicas de la Universidad Complutens de Madrid
Estudiantes examinándose de la EVAU en la Facultada de económicas de la Universidad Complutens de MadridJesús G. FeriaLa Razon

Reducir la discriminación salarial por género, eliminar los grados formativos de tres años –que pasarán a tener cuatro de manera generalizada–, incrementar la financiación de las universidades públicas (hasta el 5% del PIB en una década), someter al personal docente a una evaluación continua o permitir que todos los profesores funcionarios puedan presentarse a rector.

Estos son algunos de los cambios que introduce el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que fue aprobado ayer en Consejo de Ministros en primera lectura, lo que constituye el primer paso del trámite para su aprobación definitiva.

La que será la tercera ley universitaria de la democracia española consta de 90 páginas y elimina la función del Rey de la expedición de títulos oficiales, que será sustituido por el rector. La reforma también pone las bases para acabar con la precariedad del profesorado en la universidad, forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, y cuya implantación pretende que sea «gradual», culminando en 2023.

Equidad de género

La nueva ley fomenta la igualdad de género, reforzando para ello el mandato (ya enunciado en la actual Ley Orgánica de Universidad, LOU) de que haya paridad en los órganos colegiados de las universidades. En teoría, las mujeres tendrán prioridad frente a los hombres a la hora de trabajar en las universidades públicas españolas, ya que el anteproyecto recoge la indicación de que, cuando haya dos candidatos en “igualdad de condiciones de idoneidad”, tengan «preferencia» para ser contratadas “las personas del sexo menos representado” en el cuerpo docente o categoría de que se trate.

También establece un “registro salarial” para luchar contra la brecha que existe entre los sueldos que cobran mujeres y hombres en las facultades. Las universidades que no las tengan todavía deberán crear unidades de igualdad y de diversidad (si, matiza el anteproyecto, tienen recursos suficientes), así como planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual. Los campus deberán introducir acciones positivas en los concursos de selección, respetar una composición equilibrada en todas las comisiones de selección y evaluación, y aprobar medidas de conciliación. El texto promueve también los proyectos científicos que tengan perspectiva de género y la paridad en los equipos de investigación.

«Memoria democrática»

Otro nuevo concepto clave en la apodada “Ley Castells” es el de “memoria democrática”. Para enterder de donde proviene una denominación tal hay que retrotraerse al mes de marzo, cuando el ministro de Universidades adelantó durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados su intención de preparar un programa de memoria democrática junto con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

El objetivo era recopilar información de las instituciones universitarias de 1936 y la articulación de acciones en torno a actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas del franquismo relacionadas con el ámbito académico. La manera de promoverlo en los centros universitarios será la “docencia y la investigación”.

Eliminar los grados

Dentro de los cuatro objetivos que vertebran la reforma universitaria que derogará la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, en vigor actualmente, está el de promover el acceso a la educación superior. Un camino para el que el anteproyecto considera necesario eliminar los grados universitarios de tres años y conseguir que todos en España tengan una duración de cuatro años. La razón esgrimida por Castells es que “no corresponden con el espíritu de un grado, que es el de proporcionar conocimientos generalistas de un área para luego especializarse en un máster”.

La realidad en España es que estos programas académicos son minoritarios. La mayoría se realizan en universidades privadas, y la oferta puede ascender en total a 60 títulos. Las universidades donde se imparten estos títulos, algunos relacionados con las nuevas tecnologías y el diseño digital (videojuegos, animación o aplicaciones web), tendrán que readaptarse a esta normativa. Se darán excepciones como los estudios de Medicina, que seguirán siendo de seis años o los títulos conjuntos con otros países europeos. El nuevo decreto también consolida la fórmula 4+1: cuatro años de grado y uno de máster, poniendo fin a lo que se que se conocía como “3+2″: tres años de carrera y dos de máster.

Profesores y rectores

El segundo gran objetivo es el de reorganizar la carrera académica, para garantizar la buena gobernanza y adecuar la ordenación de la enseñanza universitaria. Así, el anteproyecto aprobado incorpora cambios importantes en el proceso de elección de la figura del rector. Solo podrán desempeñar el cargo durante un periodo improrrogable de seis años (ahora la norma son dos mandatos de cuatro años). Y no solo podrán presentarse a rector los catedráticos, como sucede ahora, sino todos los miembros del cuerpo docente de funcionarios que cumplan tres requisitos: tener tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia previa en gestión académica. “Lo importante no es el rango, sino la capacidad de gestión”, ha dicho Castells.

La norma permite que el rector pueda ser elegido por un comité designado por el claustro de la universidad, en el que deberá haber una mayoría de “profesores e investigadores” de la institución, pero también deberá contar con un 30% de personas ajenas a la universidad. Actualmente, lo habitual sea elegido por elección directa por parte de la comunidad educativa en un sistema con voto ponderado y baja participación de los alumnos.

Otro de los retos de esta reforma será acabar con la precariedad de las plantillas, por lo que establece que el porcentaje de contratos temporales en los campus será como máximo del 20%, frente al 40% que permite hoy la LOU. El profesorado funcionario deberá representar al menos el 55% del total, frente al 51% actual. Y las universidades que tengan un porcentaje de profesores asociados superior al 15% de la plantilla deberán reservar un 15% de las nuevas plazas en sus programas de promoción y estabilización a personas de este colectivo, que lleven dando clase al menos cinco años.