Docentes e inspectores exigen adaptar los pagos por desplazamientos a los costes de la vida

El sindicato USIE propone que no se usen los coches oficiales mientras el Gobierno no los actualice

Una profesora con un grupo de niños
Una profesora con un grupo de niños FOTO: Marta Fernández Jara Europa Press

Miles de docentes (maestros itinerantes, orientadores, etc.) e inspectores de educación se ven obligados a utilizar diariamente sus vehículos particulares para el desplazamiento a los centros y servicios educativos con el fin de llevar a cabo las tareas encomendadas por las correspondientes administraciones educativas. En concreto los inspectores de educación efectúan visitas a centros y servicios en función del artículo 153 de la LOE-LOMLOE.

Según el sindicato USIE, la indemnización por la utilización del vehículo particular está fijada en la mayoría de Comunidades Autónomas en la cantidad de 0,19 céntimos de euro por kilómetro recorrido de media. Una cantidad que consideran “irrisoria” en compensación por desplazamiento al utilizar el vehículo particular, teniendo en cuenta que no se ha modificado desde hace más de 16 años, según han detallado.

“Es evidente que estas cuantías están totalmente desfasadas, sobre todo teniendo en cuenta el incremento del IPC de estos últimos meses a consecuencia, sobre todo, de la escalada continua y generalizada de los precios de los carburantes. A esta situación hay que añadir que los gastos generados por el uso y mantenimiento de los vehículos particulares corren a costa de cada docente y de cada inspector/a, sin que la Administración se haga cargo”, aseguran en un comunicado.

Es por este motivo por el que exigen la actualización de las indemnizaciones congeladas desde 2006. “Es inaceptable que a los inspectores y a los profesores itinerantes les cueste ir a trabajar”, dicen.

Según detallan, a un inspector, hoy por hoy, utilizar su propio vehículo para trabajar al servicio de la Administración educativa correspondiente realizando los desplazamientos ordenados por aquella, le está costando una media de 300 euros mensuales. Es por todo ello por lo que proponen que no se usen los coches oficiales hasta que el Gobierno no actualice los pagos.