El farmacéutico, nuevo vigilante de la violencia de género

Será necesario cambiar 20 artículos de la ley integral para desarrollar el Pacto de Estado.

La figura del farmacéutico como agente detector de la violencia machista es una de las medidas que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hay que tener en cuenta que cada día pasan por las 22.000 boticas distribuidas por toda España más de 2,3 millones de personas, «un escaparate que no debe desaprovecharse para acabar con esta lacra», comentó el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar. Este organismo está a la espera de firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad, que según su titular, Dolors Montserrat, «ya tiene un borrador redactado».

El convenio con los colegios de farmacéuticos tendrá tres líneas de actuación, como avanzó Aguilar a este diario: «La formación de los 71.000 farmacéuticos colegiados en materia de violencia machista, la elaboración de un protocolo de actuación y el desarrollo de campañas de sensibilización e información en los establecimientos».

«Entendemos que el farmacéutico está en contacto directo con mucha gente y aporta, además de profesionalidad, cercanía y confianza, algo esencial para detectar posibles víctimas». «Queremos aportar nuestro granito de arena y con un plus de sensibilidad si cabe, pues el 73% de nuestros profesionales son mujeres», recalca el presidente del CGCOG.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuenta con 214 medidas y aproximadamente la mitad «ya están en proceso de estudio y ejecución» –como esta de colaboración con las farmacias–, según informó Montserrat en la Comisión de Igualdad. Compadeció ante ella a petición propia para rendir cuentas del estado de este Pacto que entró en vigor el 27 de diciembre y que concede al Gobierno seis meses para impulsar las reformas contempladas y tres para liberar los primeros 200 millones de euros de los 1.000 que prevé ejecutar a lo largo de los próximos cinco años.

Reforma legislativa

«El ritmo de trabajo es positivo», recalcó la ministra, si bien puntualizó que para destinar los primeros 200 millones será necesario la aprobación de los Presupuestos. Además, explicó, «el punto de partida» para implementar este Pacto de Estado será la reforma de la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 en lo referente a 20 artículos. Una vez subsanado, a medida que se vayan finalizando los proyectos se irán remitiendo a las Cortes de forma «organizada y sistemática».

Protección al huérfano

Para intensificar la asistencia de los menores víctimas de la violencia de género, quienes se hagan cargo de los niños huérfanos tendrán beneficios fiscales y preferencia a la hora de acceder a los planes de vivienda protegida. Asimismo, se están revisando los regímenes de visitas y custodia de estos niños, para que no se puedan hacer cargo de ellos los que sean acusados de maltratadores.

Madres

Dolors Montserrat reconoció que ya se está trabajando para modificar el primer artículo de la Ley de 2004, con el fin de reconocer como víctima de violencia de género a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados como forma de violencia hacia ellas. Para perfeccionar la asistencia a las mujeres, además, se está impulsando un convenio de colaboración para que todas las policías locales se incorporen al sistema de protección Viogen, que valora el riesgo de la víctima y en función de ello se establece un protocolo policial de seguimiento y vigilancia.

Violencia sexual

El Pacto también recoge propuestas para actuar sobre otras manifestaciones de violencia sobre la mujer. El Ministerio de Sanidad ha incorporado en sus plan de medios una campaña específica para la prevención de la violencia sexual. Además, prevé mejorar los protocolos para la detección y atención a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual con la ayuda de los profesionales de los ámbitos sanitarios implicados.

Nuevo delito

La Ministra de Sanidad y Servicios Sociales también destacó que, como consecuencia de las reformas legislativas, a partir de ahora es un «delito» que un maltratador se quite o fuerce la pulsera telemática que se les coloca para detectar que cumple la orden de alejamiento. Además, recalcó, se suprimirán los atenuantes de confesión y reparación y se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.