El primer desafío del TC tras la reforma: la «desconexión»

El Congreso aprobó ayer la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que permitirá que el Alto Tribunal pueda ejecutar sus resoluciones de forma directa y ejecutiva; y, además, en caso de un reiterado incumplimiento, podrá adoptar algunas de las cuatro medidas que prevé la que será nueva Ley: multa económica «coercitiva», suspensión temporal de las autoridades o empleados públicos, requerir al Gobierno para que adopte las medidas necesarias «para asegurar el cumplimiento» y deducir testimonio para exigir la «responsabilidad penal que pudiera corresponder». Esta reforma, que salió adelante con los votos del PP, permitirá, por ejemplo, que el Alto Tribunal pudiese suspender a Artur Mas si de forma abierta y reiterada se negara a acatar sus decisiones y evitar que situaciones como las que ahora se está viviendo, con un presidente en funciones de la Generalitat imputado por desobediencia, se vuelvan a repetir.

De hecho, esta reforma de la LOTC será la que permita, en su caso, suspender la declaración de independencia del Parlamento catalán si es que la misma llega a producirse, como es la intención de Juntos por el Sí y la CUP, en un plazo máximo de dieciocho días. El Gobierno central debería recurrir ante el TC y éste suspender la declaración independentista. De producirse este desafío, el Gobierno actuaría de forma inmediata y presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, el cual lo suspendería en el acto. La impugnación invocaría el artículo 161.2 de la CE, el cual establece que los recursos del Gobierno quedarán suspendidos automáticamente por un plazo máximo de cinco meses. Transcurrido ese tiempo, el TC tendrá nuevamente que pronunciarse sobre si la mantiene o la levanta.

Con esa reforma, si la Generalitat no acatase la suspensión acordada por el TC, éste se la podrá requerir en otras ocasiones y se la requerirá nuevamente si la negativa sigue siendo la respuesta. El Tribunal tendría facultad para sancionar a los responsables de la declaración e incluso, en caso extremo, suspenderlos temporalmente de los cargos públicos que ocuparan.

Todos los grupos parlamentarios relacionaron esta reforma con la situación política de Cataluña, y de forma especial los nacionalistas, quienes llegaron a tildarla de «bomba de relojería», «instumentalización política del TC» o, como expresó el representante del PSOE, utilizar al citado tribunal para que sea quien se lleve la «primera cornada» en asuntos políticos que le sean «incómodos». El representante de ERC, Joan Tardá, fue incluso más allá cuando tildó de «miserable» a Felipe González por sus manifestaciones en relación con los independentistas, y acusó al Gobierno de intentar convertir al TC en «verdugo de la democracia». En el lado opuesto, PP y UPyD, quienes llegaron incluso a hablar de intento de «golpe de Estado» por no acatar las leyes.

Evitar «liquidar» al Estado

En cuanto al debate en sí, el diputado del PP que defendió la Proposición de Ley, Pedro Gómez de la Serna, afirmó que «con esta reforma no tendríamos que ver el espectáculo bochornoso» de un presidente «envuelto en un ataque de nervios, en la bandera de Cataluña». En esta línea, incidió que si el TC contase ya con esta nueva regulación, se hubiese podido aplicar al «acto de rebeldía institucional» que protagonizó Mas el 9-N, así como el «espectáculo charlotesco de las urnas de cartón», ni Mas tendría argumentos para decir que el TC no les dijo de forma concreta qué resoluciones estaban suspendidas en relación con el 9-N.

Por ello, destacó que la gran finalidad de esta reforma es facilitar la ejecución de las resoluciones del TC y que pueda hacerla efectiva «para todos, también frente al presidente de la Generalitat» de Cataluña. Se trata, añadió, de «tapar las grietas» en el ordenamiento jurídico a la hora de cumplir las decisiones del TC; máxime, explicó, cuando desde algunas instituciones, como la Generalitat, hay signos de que lo que se busca es la «liquidación» del Estado.

Por su parte, para el PSOE, que ya ha anunciado que recurrirá ante el TC esta reforma si llega al Gobierno, con la nueva regulación al TC «le ha caído e muerto» y va a «alimentar el victimismo de los independentistas catalanes» , por lo que llegó a hablar de que era como una «bomba de relojería» que se había puesto en el TC, el cual, añadió, «debe ser cuidadoso en materia de asuntos políticos».