Emilio Frías: «Mas incurrirá en desobediencia si declara la independencia»

El portavoz de la Asociación de Fiscales afirma que también cometería prevaricación si no acatase los fallos del TC y dictara decisiones para dar valor a la declaración unilateral.

–Las encuestas apuntan a una previsible mayoría de los indepedentistas en las elecciones catalanas. ¿Qué sucedería si cumplen su promesa de declarar unilateralmente la independencia?

–Los poderes públicos, ya sea el presidente del Gobierno, las Cortes, presidentes y parlamentos autonómicos o corporaciones locales están sometidos al ordenamiento jurídico, al estatal y al autonómico. Y ni la Constitución ni el Estatut prevé la posibilidad de que unilateralmente el Parlament o el presidente de la Generalitat puedan declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Por tanto, si se produce la declaración y reviste forma de Ley será anulada por el Tribunal Constitucional o suspendida su aplicación con carácter inmediato; y si no tiene rango normativo de Ley, habría sido dictada por una autoridad que no tiene competencia para ello, y al ser nula de pleno derecho carece de validez jurídica y no tiene ningún efecto jurídico y no se puede aplicar.

–¿Se puede incurrir en responsabilidad penal por quienes la dictasen o acordaran, como Mas?

–Sí. En el supuesto en el que el TC hubiera acordado la suspensión de esa resolución unilateral y no se acatase, se incurriría en un delito de desobediencia a una decisión judicial; y podrían incurrir en delitos de desobediencia y prevaricación todas aquellas personas que ejerzan funciones públicas y que en el marco de esa declaración unilateral de independencia, una vez declarada contraria a Derecho, dictaran cualquier tipo de resolución contraria a la del TC.

–¿Le puede salir entonces cara a Mas esa declaración unilateral de independencia?

–Si se produjese y se pretendiera que tuviese validez jurídica, efectos sobre terceros, que vinculasen al funcionamiento de la Administración ordinaria catalana o que se ejecutara por todos los ciudadanos catalanes, si ha tenido rango de Ley y ha sido suspendida por el TC, podría implicar la comisión de esos delitos, no sólo por el señor Mas, sino por cualquiera que hubiera intervenido en esas órdenes o en la ejecución de las mismas.

–Es decir, la Justicia no permanecerá impasible ante ese desafío.

–Evidentemente. La Justicia no permanece impasible ante cualquier supuesto de ilegalidad; y si se aprueba esa declaración por el Parlament con rango normativo de Ley, que sea ejecutiva, los tribunales catalanes tiene medios para defender la Ley, y con ello se garantizan los derechos de todos los ciudadanos, tanto los que están a favor de la independencia como los que están en contra.

–-Habla de cumplir las resoluciones del TC. ¿Qué le parece la reforma que se debatirá en el Congreso sobre la reforma de la Ley que le permitirá ejecutar directamente sus decisiones?

–Hasta ahora era impensable que una decisión del TC no fuese acatada o ejecutada por los jueces o poderes públicos. Ahora nos encontramos ante una realidad novedosa, y es la desobediencia de las resoluciones del TC. Estoy totalmente de acuerdo en reforzar las garantías de cumplimiento de sus resoluciones, pero sin olvidar que hay otros que estamos obligados a defender la legalidad, como la Administración de Justicia o los gobiernos central y autonómicos.

–Como portavoz de la mayoritaria asociación de fiscales, ¿cree que ha llegado el momento de que la instrucción del proceso penal pase de una vez al Ministerio Público?

–Llegó hace años, y ahora es absolutamente necesario. El sistema del juez instructor está totalmente agotado y es del todo preciso que sea el fiscal el que dirija la investigación de las causas.

–¿Qué ventajas aportaría respecto al sistema del juez instructor?

–La de la especialización y que se acortarían los plazos del proceso. En estos momentos existe un nuevo tipo de criminalidad organizada, de delitos económicos e informáticos más complejos, que hace años no existía. El Ministerio Fiscal, al ser único para todo el territorio español, se puede especializar, cosa que no pueden hacer los jueces de instrucción. Y sobre todo, hay una ventaja esencial: el que va a juicio es el fiscal, con lo que se ha investigado. Si asume la investigación, se celebrarían antes.

–Pero, ¿realmente está garantizada la autonomía de los fiscales frente a los poderes públicos?

–-Lo anterior habría que completarlo con varias reformas esenciales. La primera sería la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Habría que dotar de más autonomía al Ministerio Fiscal, no sólo del fiscal general del Estado respecto a otros poderes, sino de cada fiscal instructor respecto a sus respectivos jefes. Pero es totalmente indiscutible que el Ministerio Fiscal es independiente y quien pretenda utilizarlo como un instrumento político se equivoca.

–¿Cómo se puede lograr esa mayor autonomía?

–-Se puede potenciar el control que del fiscal general del Estado hace el Consejo Fiscal –órgano representativo de la carrera elegido en su mayoría, 9 de 11 miembros, directamente por los fiscales– a la hora de proponer determinados nombramientos, emisión de dictámenes, etc. No se trata de doblegar la decisión del fiscal general, sino de poder evitar que puedan hacer un uso abusivo de su superioridad, como el nombramiento de fiscales jefes que tuvieron cero votos, como ocurrió en el pasado.

–¿Y hay presiones por parte de los partidos políticos?

–Presiones no hay; lo que sí existe es una instrumentalización de la Justicia para la opinión pública. Los partidos o el Gobierno no pueden pretender que el Ministerio Fiscal sea una herramienta de presión o de defensa de sus intereses.