El independentismo llega débil al "procés": el apoyo a la secesión se hunde entre los catalanes

Las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en Cataluña el próximo 12 de mayo serán, y en ello convergen de forma unánime los candidatos, una declaración de intenciones de lo que debe ser la región en los próximos años, más allá de la legislatura que se inicie tras los comicios. Un resultado negativo del independentismo, como augura el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que sitúa por primera vez en la historia democrática a los nacionalistas por debajo de la mayoría absoluta, podría dar carpetazo a la agenda secesionista de forma definitiva. Un Parlament que permita un nuevo Ejecutivo independentista, por contra, puede resucitar las aspiraciones de aquellos que defienden que, una vez acordada la ley de amnistía, el siguiente paso es el referéndum de autodeterminación. Es esta la hoja de ruta que defienden ERC y especialmente Junts, que apuesta de nuevo por Carles Puigdemont como su candidato apelando a «terminar aquello que se inició el 1 de octubre de 2017». Es decir, la independencia.

Los datos del primer barómetro del CEO, recogidos antes de conocerse el adelanto electoral, advierten de una caída significativa del apoyo a la ruptura con España. Es el reflejo de una sociedad menos politizada que hace siete años. Según este sondeo los partidarios de la independencia de Cataluña se sitúan en el 42%, por el 49% que representaban en octubre de 2017. Eran entonces el 44% los que se oponían a la misma, mientras hace unos meses ascendían al 51%. Es curiosamente invariable ese 7% de «indecisos», muchos de los cuales abogan por la abstención cuando son llamados a las urnas o, en su defecto, optan por dar su apoyo a los comunes, que siempre han mantenido cierta equidistancia respecto a ambos bloques.

En cuanto a la relación que prefieren tener los ciudadanos de Cataluña con España, más allá del «Sí» y el «No», son hoy el 31% de la muestra quienes defienden una relación de Estado a Estado. En 2017 suponían el 40%. Crece, así pues, desde entonces, el porcentaje de quienes optan por una organización territorial federal (22%-23%), ven con buenos ojos el sistema autonómico actual (27%-31%) y, de forma significativa, quienes creen que el reconocimiento regional es suficiente (5%-9%). De esta macroencuesta también se esgrime que el 9% de los ciudadanos de Cataluña está de acuerdo con una declaración unilateral de independencia o que, y se trata de un porcentaje sin apenas variación en estos siete años, el 76% de la ciudadanía considera que los catalanes deberían tener derecho a decidir su futuro a través de un referéndum, sin especificar si este debe ser pactado con el Estado o no.

El primer barómetro del año del CIS catalán también refleja el descenso del independentismo en relación con los partidos que lo defienden. Mientras entre el 45% y el 50% de los votantes dio su confianza a Junts, ERC o CUP en las elecciones de diciembre 2017 –convocadas por el expresidente Mariano Rajoy tras aplicar el artículo 155– y en las de febrero de 2021; en este caso descenderían hasta el 41%. En escaños, la suma de las tres formaciones fue de 70 parlamentarios en 2017 y de 74 en 2021, mientras que, según el CEO, el 12M podrían materializarse alrededor de 62, a una prudencial distancia de los 68 que marcan la mayoría absoluta parlamentaria y que siempre han conseguido sumar entre el espacio convergente, ERC y la CUP desde las elecciones de 1980, donde fue el PSUC quien completó una mayoría nacionalista que nunca ha abandonado a la Cámara catalana hasta el momento.

En los dos últimos comicios autonómicos –los únicos celebrados tras el 1-O– la fuerza ganadora fue, no obstante, de orientación constitucionalista. Lo fue Ciudadanos en 2017, que obtuvo 36 parlamentarios de la mano de Inés Arrimadas, y ganó también en votos –empatando con ERC a 33 escaños– el PSC de Salvador Illa en febrero de 2021. A ninguno le fue suficiente para formar gobierno, pues consiguieron ponerse de acuerdo los secesionistas para montar un Ejecutivo de coalición. En 2017, también siendo Puigdemont cabeza de lista desde el extranjero, fue finalmente investido presidente de la Generalitat Quim Torra con el apoyo de ERC, que formó parte del Govern durante toda la legislatura. En 2021 fue Pere Aragonès quien logró la confianza de la Cámara para situar a ERC en la Presidencia de nuevo tras no hacerlo desde la Segunda República. Primero, con representantes de Junts en algunas consejerías y luego, en solitario.

El propio CEO indica, de nuevo en el 2024 que nos ocupa, que será Salvador Illa quien vuelva a ganar las elecciones, esta vez con una victoria más amplia. Entre 35 y 42 diputados obtendría el PSC, por los 26-32 que tendría ERC –en una cada vez más discutida segunda posición–, y los 24-29 de Junts. La victoria socialista en tan holgados términos permitiría un Ejecutivo liderado por Salvador Illa de conseguir el apoyo de partidos muy reacios a concederlo como Vox, la CUP o los comunes, dando por sentado el OK que tendría por parte del PP si renuncia a la agenda nacionalista de la que le acusan profeta. Otra alternativa que exploraría Illa en este escenario sería el apoyo de ERC, que ha reiterado su negativa a aceptarlo, o incluso de Junts, cuyas tesis son todavía más alejadas respecto a lo que pueda ocurrir tras los comicios del 12M.

El barómetro del CEO es papel mojado para Puigdemont y los suyos. Intuyen, quizás con buen criterio, que el nuevo escenario electoral ha cambiado por completo el sentido del voto de muchos ciudadanos. En Junts sobrevuela el convencimiento de que la posibilidad real de que su líder pueda volver tras la aplicación de la amnistía puede situarle como el claro favorito en estas elecciones. El propio lema de precampaña, «Vamos a por todas», ya clarifica el sentir de la formación: saben que es esta la última carta del independentismo para reflotar el «procés» y así pretenden hacerlo si el electorado les otorga, una vez más, su confianza.

En ERC el discurso es más prudente. Están tan preparados para embarcarse en una nueva deriva independentista, contraria a derecho, si cabe, como para gestionar una comunidad autónoma siguiendo el legado de esta legislatura. Los republicanos juzgan los aspavientos patrióticos de Puigdemont de «palabras vacías» y confían en que Aragonès capitalice al votante que reconozca, entre otros, el traspaso de la red de Cercanías, y refrende el «modelo de financiación singular» que trajo a colación tras convocar elecciones. Propuestas autonomistas, en cualquier caso. Nada que pase por la cabeza de Junts, al menos, en campaña, pues esta última carta vuelve a consistir en romper con España, con o sin el apoyo de Pedro Sánchez.