La iniciativa de Vox para priorizar el derecho de los padres a impedir que sus hijos asistan a talleres en horario escolar contrarios a sus convicciones morales se ha convertido en la batalla principal de la que el Gobierno se quiere aprovechar para liderar la lucha sin cuartel contra la oposición.

Para el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «el veto parental es inventarse un problema. La Comunidad de Madrid ha dicho que ha habido cero denuncias y ninguna denuncia por escrito. Es un problema inventado por la ultraderecha, que no existe. Estamos hablando de un colegio, de una comunidad educativa...».

Según dijo anoche en una entrevista en TVE, «hay que dar soluciones y no inventarnos problemas», haciendo hincapié en la «política útil». «¿Cuántos años lleva gobernando el PP en Murcia? ¿Han escuchado ustedes al PP en Murcia hablar del veto parental? Pues no», defendió. Para Sánchez, «la ultraderecha plantea divisiones, fracturas y arrastra a la derecha a posiciones radicales, extremistas. Me gustaría que el señor Casado volviera al consenso educativo».

Sin consumarse siquiera los primeros quince días de vida del nuevo Ejecutivo, Pedro Sánchez ya ha diseñado una hoja de ruta en la que apostará por la construcción del relato de las dos Españas, la del «progreso» frente a la de las derechas. La primera muestra de su estrategia es la distorsión y polemización sobre el «pin parental» que Vox ha enarbolado como cuestión fundamental para seguir apoyando gobiernos autonómicos.

El Ejecutivo de coalición construye así una foto fija con la que pretende sacar rendimiento también en el Congreso. El horizonte más cercano está marcado en la negociación de Presupuestos. Sánchez tratará de sortear su minoría numérica en la Cámara Baja confrontando con Vox y anexionando a PP y Cs en el mismo bloque.

El viernes pasado era la ministra de Educación, Isabel Celaá, la que abría la veda anunciando un requerimiento formal contra Murcia. La vicepresidenta Carmen Calvo bendecía ayer esta ofensiva asegurando que el PP de Pablo Casado se estaba dejando arrastrar por Vox. Precisamente ayer, el Gobierno volvía a tratar de marcar en esta nueva semana la agenda con el mismo asunto. Era la delegada para la violencia de Género, Victoria Rosell, la que deslizaba que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Murcia es posible.

En declaraciones a la Cadena Ser, la magistrada planteaba que hay unos «cauces jurídicos» que pueden no ser necesariamente «judiciales sino incluso administrativos de requerimiento» para que se cumpla con esta obligación. «Imagínense incluso un 155 en Murcia porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables. Sería un camino similar al de Cataluña, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico», apuntó. Un planteamiento que en público Moncloa no salía a corregir, ni tampoco a respaldar, precisamente por su política de choque entre bloques, aunque en privado el Gobierno sí reprobaba a Rosell.

Horas después, la propia Victoria Rosell matizó sus palabras en Twitter asegurando que la propuesta era una «ironía». «Fue una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el “veto parental”. Que quienes piden que otras CC AA cumplan sus obligaciones y hacen bandera de ello, incumplen las suyas en materia educativa y con menores. No news», rectificaba la jueza. Mientras, Celaá daba un mes de plazo al Gobierno de Murcia para «restaurar la legalidad» y retirar el «veto parental» antes de que el Ejecutivo recurra la medida en los tribunales.