La versión oficial es que el Gobierno «no interfiere en los procesos electorales de cada una de las Comunidades Autónomas», pero lo cierto es que la expectativa de que la deriva soberanista en Cataluña aboque a un adelanto de los comicios preocupa en Moncloa. El Gabinete de Pedro Sánchez trabaja ya con esta eventualidad y con las derivaciones que irremediablemente tendrá en el desarrollo de la gobernabilidad. La más inmediata, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El alumbramiento de unas nuevas cuentas va íntimamente ligado al clima catalán, porque requiere –como ya ocurriera con la investidura– el apoyo de ERC a las mismas. El aval presupuestario está sobre la mesa de diálogo entre gobiernos que socialistas y republicanos acordaron poner en marcha y vinculado, a su vez, a los avances que se registren en la misma. «Eso ha dicho ERC, si no funciona la Mesa los Presupuestos irán mal», asumen fuentes del Gobierno. Nadie duda, tampoco en Moncloa, de que un clima de confrontación en el seno del independentismo, marcado por la campaña electoral, elevará el precio que unos y otros exigirán para dar oxígeno a Sánchez. «No tiene por qué interferir en ningún tipo de tramitación de nuestro presupuesto», señaló ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Un pronunciamiento público que dista bastante del sentimiento que recorre Moncloa, donde son plenamente conscientes de que los republicanos les volverán a hacer sudar tinta para granjearse su apoyo.

Fuentes gubernamentales consultadas invitan a la prudencia y a ver «cómo se desarrollan los acontecimientos». En función de los mismos, se irá actuando, pero lo cierto es que la imagen que trasladó el pasado lunes el Parlament, de una fractura total del independentismo, deja su legislatura en vía muerta y en tiempo de descuento para la convocatoria electoral. La primera incógnita por resolver es la fecha de esas elecciones, cuya campaña podría solaparse con la negociación y tramitación de los Presupuestos. El Gobierno ya empezó a retrasar su agenda presupuestaria respecto a las previsiones iniciales para contar con un margen más holgado de maniobra. Si Sánchez aseguró, en su día, que su prioridad era tener aprobadas las cuentas en el primer trimestre del año; ahora, se posterga esta expectativa a «antes de que acabe el verano», lo que podría dilatar los plazos incluso hasta septiembre.

No obstante, también hay cabida para el optimismo, cuando se expone la posibilidad que los comicios se pudieran celebrar antes de que el proyecto llegara al Congreso para su tramitación y, en este escenario, ERC tuviera vía libre para negociar su apoyo. En Moncloa creen que la negociación presupuestaria, así como mantener vivo el canal de diálogo con el Estado, puede servir como acicate electoral, si «venden» que se ha conseguido financiación y beneficios para Cataluña en dichas conversaciones. «Es una oportunidad para poner de manifiesto quién se preocupa y se ocupa por el bienestar de los catalanes más allá de otras pretensiones», sostienen desde el Ejecutivo. En el Gabinete también fían el buen desarrollo de los acontecimientos a la esencia pragmática de ERC, que en los últimos tiempos y durante la investidura demostró que tiene una hoja de ruta propia respecto a Carles Puigdemont y JxCat. En esta mesa de negociación, los socialistas ya buscaron arrancar un apoyo que fuera más allá de la investidura y que también se prestaran a favorecer la gobernabilidad.

El 6 de febrero en Barcelona

Mientras tanto, el Gobierno sigue haciendo una encendida apuesta por el diálogo como el elemento «clave para resolver el conflicto» en Cataluña. Incluso en los momentos de mayor incertidumbre para el futuro de Quim Torra, con una inhabilitación que es cuestión de tiempo. Moncloa puso fecha ayer a su reunión con Sánchez en Barcelona, que se producirá el próximo jueves 6 de febrero. La decisión se comunica solo un día después de que se suspendiera a Torra en su condición de diputado y de que Ferraz dejara en el aire dicha cita hasta que se clarifique la situación del president.

Ni PSOE ni Moncloa se habían planteado hasta ahora renunciar al compromiso contraído con ERC de reunirse con el presidente de la Generalitat, pero sí imponían cierta cautela sobre quién ostentaría esta condición llegado el momento del encuentro. Desde Ferraz se desvinculó el lunes esta condición de la persona de Torra y se aseguró que Sánchez se reunirá «con quien sea president, sea Torra u otra persona, si así lo decide el Parlament». De esta forma, Moncloa obvia el conflicto existente en el Parlament, que en futuros plenos podría revocar a Torra su condición de president, y mantiene que en la actualidad es él quien ostenta el cargo y, por tanto, es con quien corresponde reunirse. «No hay ninguna resolución judicial ni ninguna norma que diga lo contrario», aseguró la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

En todo caso, el Ejecutivo defiende que cabe el retraso o la cancelación de la cita, en caso de que surjan situaciones sobrevenidas, como la inhabilitación. «Si hay alguna incidencia que lo desaconseje se pospondría o no se celebraría», resolvió Montero, que consideró que la pérdida de la condición de diputado de Torra se resolvió el lunes «de la manera más adecuada». A día de hoy solo se ha fijado la jornada del encuentro y no así ni el lugar ni los asistentes al mismo, si bien se deja la puerta abierta a que a Sánchez le acompañe otro ministro que él considere.