Gobierno
“Barones” del PSOE y del PP rompen los bloques de Sánchez
Comunidades del PSOE se unen a las del PP para reclamar las deudas pendientes. La negociación del presidente con Torra y ERC obliga a las demás autonomías a elevar las exigencias para salvar la cara en sus respectivos territorios
El viernes estallará por primera vez en canal la dialéctica izquierda/derecha que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez. Serán las comunidades socialistas las que empiecen a resquebrajar los bloques que argamasan la Legislatura en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por el Gobierno. Los números y la financiación autonómica dejarán a Sánchez sin ese escudo porque los presidentes de las comunidades más simbólicas del poder territorial socialista fijarán la misma posición que las del PP en la defensa de los intereses de sus representados, y de sus propios intereses electorales aunque quede mucho tiempo para los próximos comicios.
La negociación bilateral con Cataluña es una interferencia que aumenta los recelos y obliga a reforzar, asimismo, las exigencias bajo la carga de que los apoyor de ERC y del PNV a la investidura de Sánchez buscan a cambio aumentar los privilegios para los territorios que representan y no, por contra, contribuir a corregir los desequilibrios territoriales. El peso de la negociación con ERC y de la foto que hoy se hará Pedro Sánchez con Quim Torra en Barcelona agravarán las tensiones en la reunión del viernes y dificultarán que el Gobierno consiga salvar el CPFF sin entrar en la deuda que le reclaman las comunidades autónomas.
Hacienda ha convocado a las comunidades para ponerlas «deberes». Presentarles la senda de estabilidad presupuestaria, el techo de gasto y los objetivos de déficit para poder elaborar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Pero ayer tarde el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Lasquetty, mandó un requerimiento al CPFF para incluir un nuevo punto en el orden del día que incorpore al debate la devolución de la liquidación pendiente del IVA de diciembre de 2017, por una cuantía próxima a los 2.500 millones de euros, y la detallada explicación y corrección del recorte que, de forma unilateral, aplicó el Ministerio de Hacienda sobre las entregas a cuenta de 2019. Madrid denuncia que la modificación ha supuesto un quebranto por valor de 120,75 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común,
Galicia (PP) ha decidido acudir a la «vía judicial»para enmendar el «hurto institucional» del IVA. Y de este lado se han colocado Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragon, todas bajo Gobierno socialista.
Pero esto es solo la punta del iceberg del problema territorial que tendrá que gestionar Sanchez con las manos atadas por su negociación con ERC, de la que depende la estabilidad de la legislatura. El Gobierno pretende condicionar la mejora de la financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero las comunidades del PP exigirán garantizar el pago del IVA de manera inmediata y abrir un nuevo modelo de financiación. Con la particularidad de que tendrán el apoyo de referentes territoriales socialistas como Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara o Javier Lambán.
La Generalitat ha anunciado que se plantea enviar a un representante de perfil técnico a la reunión de Madrid, un gesto expreso de desplante en un momento en el que desde el Gobierno de Sánchez están haciendo cesiones –cambios en el discurso, aceptación de la mesa bilateral, compromiso de reforma del Codigo Penal o el nuevo viaje de Sánchez a Barcelona para visitar a Torra en el Palau de la Generalitat– para forzar un acercamiento de posiciones.
El clima preelectoral en Cataluña vuelve a empantanar la Legislatura y se cruza, asimismo, con la reforma del modelo de financiación. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, «calentó» ayer la reunión de mañana con sus declaraciones en «Espejo Público», en Antena 3. En una entrevista con Susanna Griso advirtió a las comunidades que es una roca para las amenazas, por la decisión de varias de ellas de acudir a los tribunales.
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