El Gobierno “diluye” la fiscalización de su gestión

La comisión de seguimiento de la gestión de la crisis del coronavirus es ya otro punto de tensión entre el Gobierno y la oposición. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, volvió a ofrecer el pasado miércoles en el Congreso este instrumento como una medida de alivio para la presión política que empieza a cargar sobre su Gobierno ante la alarmante evolución al alza de los contagios y de los fallecimientos, así como la falta de resultados en la compra de material para los sanitarios. Pero la oferta tiene trampa, al menos según la oposición.

La intención del Gobierno es que ese seguimiento o fiscalización se haga dentro de la comisión de Sanidad ya existente, lo que supone derivar toda la responsabilidad de las explicaciones al titular del departamento, al ministro Salvador Illa. El PP presentó una propuesta para que la comisión tenga un carácter interdisciplinar, y sea una comisión «ad hoc», es decir, creada específicamente, como se ha hecho en otras ocasiones, para abordar una cuestión en concreto. La oposición quiere que por esa comisión desfilen todos los ministros y altos cargos del Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, que tengan competencia o hayan tomado decisiones en la administración de la crisis sanitaria. No sólo Illa. De tal manera que no sea sólo un órgano en el que comparece el titular de Sanidad para dar explicaciones como si estuviera en una rueda de prensa.

El formato y el alcance de la puesta en marcha de este seguimiento parlamentario será en los próximos días otro punto de tensión entre el Gobierno y la oposición, en la línea de los choques de esta última semana y que anticipan el «examen» al que el Gobierno tendrá que someterse cuando se consiga contener la pandemia y se levante el estado de alarma. El apoyo a las medidas excepcionales se sitúa en el obligado respaldo a los plenos poderes que tiene que tener el presidente del Gobierno para gestionar una situación como la actual, pero la dirección popular ha empezado ya a marcar una clara distancia con las decisiones de una crisis que supondrá un antes y un después en la memoria de los españoles y en el juego político. El formato de la comisión lo decidirá finalmente la mayoría de la Mesa del Congreso, que está controlada por la izquierda.

En la posición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, en coalición con Ciudadanos, salvo en Galicia, hay matices distintos en la manera de contestar a la gestión socialista. Madrid capitanea la posición más crítica, alineada con Génova, en un reflejo de la plena sintonía política entre Pablo Casado y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. También es verdad que la presión que hay en Madrid, principal foco del contagio, no existe todavía en otras autonomías, por detrás en la difusión del virus.

Aun así, puede haber diferencias internas en cuanto a las formas, pero no en el fondo, es decir, respecto al análisis crítico que se hace de la administración de la crisis. Casado dio el primer paso adelante en el Pleno del pasado miércoles, en el que se aprobó la prórroga del estado de alarma. Ayer reclamó a Sánchez que comparezca todas las semanas en el Congreso para rendir cuentas de las decisiones que está tomando. El líder popular formalizó esta exigencia tras presidir por videoconferencia el comité de seguimiento del COVID-19, que ha creado con la presencia de ex ministros, como Ana Pastor, y ex secretarios de Estado del partido.

El análisis del PP apunta a que el pico de la pandemia no se alcanzará en España hasta la segunda o tercera semana de abril «como pronto». Por eso considera que habrá que volver a prorrogar el estado de alarma más allá del día 11, aunque sea circunscrito a unos territorios. «Lo importante es saber qué va a hacer el Gobierno tras alcanzar ese pico en la curva de contagios», señalan desde Génova.

La dirección popular afea al Gobierno que sea reactivo en vez de proactivo, y que «vaya por detrás de los acontecimientos». Las críticas de la oposición son «legítimas», se justifican en Génova, además de anticipar que pedirán dimisiones de ministros, si hay que pedirlas, una vez que se supere la crisis.