Sin consenso para los juicios en agosto

El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al aluvión de nuevos procedimientos que ingresarán en los juzgados derivados por la crisis económica y el retraso acumulado por la suspensión de todos los plazos procesales en los que se estaban tramitando. Este decreto entrará en vigor de forma inmediata y tendrá una vigencia de hasta tres meses después de que se levante el estado de alarma. Sin embargo, su ratificación en el Congreso, paso inexcusable, no contará con el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular. Su presidente, Pablo Casado, advirtió ayer de que no se puede aprobar por medio de un decreto ley ningún cambio en una ley orgánica y avanzó que su partido no lo apoyaría, porque el Gobierno no puede «intentar legislar aprovechando esta situación» de crisis por la pandemia.

Esta posición del PP no deja de sorprender al Gobierno, ya que, según fuentes del Ministerio de Justicia, las comunidades gobernadas por el Partido Popular apoyaron en todo momentos las medidas que se contemplan en el real decreto, realizaron aportaciones que han sido tenidas en cuenta e incluso el portavoz de Justicia de la Comunidad de Madrid y responsable de esta área del PP, Enrique López, tuvo una participación más que activa e incluso fue el que propuso habilitar parcialmente el mes de agosto para evitar que el atasco judicial que se prevé vaya a más.

Al respecto, desde fuentes cercanas al secretario de Justicia del PP se sostiene que conoció las grandes líneas del contenido del Real Decreto el pasado viernes, «como todos los consejeros de Justicia».

En el mencionado Real Decreto se establecen medidas, como ya adelantó ayer LA RAZÓN en su edición digital, como habilitar del 11 al 31 de agosto en los juzgados, de tal forma que dejarían de ser inhábiles en esas semanas, horarios de mañana y tarde, restricción de público a las salas de vista, dedicación en exclusivas de órganos judiciales cuya entrada en funcionamiento estén previstas ahora; instauración de un procedimiento «ex novo» sumario y preferente para los procedimientos de familia y medidas para mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos. Medidas que van a implicar «pequeños sacrificios» en todo los colectivos afectados, como jueces, funcionarios o abogados, pero que, según Justicia «son asumibles» y que los ciudadanos «no nos perdonarían» que no se llevasen a cabo, con todas las medidas de seguridad.

Sobre las medidas que es necesario aplicar en la Administración de Justicia para hacer frente a Casado ha reconocido que el PP ha pedido que pueda haber más actividad judicial en los meses en los que habrá que «desbloquear la cantidad de demandas que se prevé que puedan llegar contra la actuación que ha tenido el Gobierno». Sin embargo, ha insistido, en una entrevista concedida a EsRadio, en que «no se pueden cambiar los órdenes jurisdiccionales y no se puede modificar una ley orgánica a través de un real decreto en un estado de alarma. Lo que quiera negociar el PSOE que lo traiga al Congreso. No queremos ni negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentaria».

En cuanto al Real Decreto en sí se trata, según Justicia, de instaurar los mecanismos necesarios para dotar de las «herramientas» o un «paraguas» para hacer frente al aluvión de asuntos judiciales que se avecina por la crisis derivada del Covid-19.s

Se establece también la celebración telemática de las actuaciones procesales, como norma general, aunque los juicios penales con petición de penas graves tiene que ser presenciales.

Turnos de funcionarios

En cuanto a la habilitación parcial del mes de agosto y la distribución de las plantillas de los funcionarios en turnos de mañana y tarde, la pretensión de Justicia es consensuar con criterios de voluntariedad y negociar estos aspectos con los sindicatos, pero si no se llegase a un acuerdo se podrán forzar turnos y negar vacaciones por necesidades del servicio. La posibilidad de habilitar parcialmente agosto ha sido fuertemente cuestionada por el Consejo General de la Abogacía Española, así como por las principales asociaciones de jueces y fiscales.

Además, algunos de los nuevos juzgados previstos para este año se podrán dedicar, con carácter exclusivo, al conocimiento de procedimientos asociados al COVID-19. También los presidentes de los distintos tribunales superiores de Justicia podrán asignar a los Jueces de Adscripción Territorial a los juzgados que conozcan de procedimientos asociados al virus.