Los funcionarios denuncian que la desescalada judicial comenzá sin “las debidas garantías de seguridad”

La desescalada judicial comienza el próximo martes, fecha para en la que está prevista que se incorporen a sus puestos de trabajo entre el 30 y el 40 `por ciento de las plantillas de jueces y magistrados y las semanas siguientes se irán incorporando más profesionales de ambas carreras hasta llega al cien por cien en la última semana de este mes, tal y como informó este periódico el pasado jueves, para, posteriormente, ya en la fase 4, se entrará en la “actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma”, que comenzará en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias, lo que permitirá que se retome el “funcionamiento ordinario de cada órgano” judicial y fiscal.

Esta primera fases es la que llamado “inicio de la reincorporación programada”. Este plan ha sido acordado por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y comunidades autónomas, algunas de las cuales tienen competencias en materia de personal, por lo que todo lo relativo a los funcionarios dependen de ellas. Junto a ello, el CGPJ ha decidido mantener la suspensión de los plazos procesales hasta el día 24, fecha a partir de la cual se levantará, algo que sucederá una semana antes de la incorporación a la “normalidad” de la totalidad de las carreras judicial y fiscal.

Sin embargo, este plan no satisface al sindicato mayoritario Justicia, CSIF, quien considera que esta desescalada comenzará el día 12 “sin las debidas garantías de seguridad para la plantilla”. Este sindicato comparte la necesidad de reactivar la Administración de Justicia, “pero las medidas de seguridad laboral que se plantean junto con esta desescalada no son suficientes para proteger la salud del personal de Justicia que se deba incorporar a su puesto de trabajo”. Y ello, señala porque no se garantizan test fiables a los funcionarios previos a su incorporación, algo que sí ha acordado ofrecer el CGPJ a los jueces y magistrados y Andalucía también hará a los funcionarios de la Administración de Justicia.

Además, CESIF denuncia que tampoco se garantiza la “provisión efectiva de EPIS (mascarillas) para todo el personal que se reincorpore y que han brillado por su ausencia desde que comenzó la crisis” y que frente a los “meros anuncios” lo que hace falta son “hechos que refrenden ese compromiso como está sucediendo en algunas comunidades”. De esta forma, añade este sindicato, el Ministerio de Justicia lo que plantea es una “desescalada al margen del plan general del Gobierno y centrada, únicamente, en la reactivación de los plazos procesales y no en criterios sanitarios y de salud pública”.