Sesenta días alarmados: El virus funde a negro toda la Legislatura

Dos meses después de que se declarase el estado de alarma el Gobierno busca la manera de mantenerlo de manera limitada y para garantizar el levantamiento ordenado del confinamiento. No había «plan b» y en la mayoría de los Gobiernos regionales confían en que más allá de la pelea política se les garantice de la manera más fácil ese orden necesario en la activación de la movilidad. Los Gobiernos autonómicos no pueden dar órdenes ni a la Policía ni a la Guardia Civil. Éste es el principal agujero a tapar, que llegados a este punto, dos meses después de vivir instalados en un régimen de excepcionalidad, los presidentes autonómicos no tienen capacidad para controlar la movilidad. El Gobierno puede poner a las Delegaciones a su disposición, darles más poder, pero, como ellos mismos reconocen, «con complicaciones jurídicas». Y sin test ni mapa serológico no hay alternativa a seguir restringiendo los movimientos.

En estos dos meses todo ha saltado por los aires, con vocación, además, de permanencia. El virus ha fundido toda la Legislatura. Ha enfrentado a Pedro Sánchez de manera despiadada con su extrema debilidad parlamentaria. Y también con la extrema inestabilidad de su Gobierno de coalición, que amenaza con hacer aguas cuando en lugar de gestionar una cómoda agenda social, como era el plan, tenga que administrar la recesión económica y el drama social que deja la pandemia. La condicionalidad europea de la que ya se habla en Bruselas, pero se niega en Madrid, puede ser con los Presupuestos de 2021 el punto final de un Gobierno de coalición en el que todavía las dos partes se necesitan políticamente. Hay quien piensa que Pedro Sánchez ha llevado a Pablo Casado al sitio en el que quería colocarle, en el del «no» rotundo, para utilizar la confrontación y la polarización como elemento sanador de sus heridas ante su electorado, y movilizador también del mismo. Casado se siente engañado por Sánchez, ninguneado, y, además, valora que su militancia es extremadamente crítica con la gestión socialista, por lo que él no puede mancharse con complicidades que darían aliento por la derecha a Vox.

Pero bajo el fuego político se multiplican los problemas reales. La nueva fase de la pandemia pone en primera línea de batalla a los centros de atención primaria. Y hasta ahora la coordinación del Gobierno y las comunidades ha sido muy mejorable. Mientras sigue ese fuego político, los profesionales de la atención sanitaria, que tienen que empezar a recuperar citas aplazadas, necesitan ser provistos del material de protección adecuado.

El acuerdo social sobre la aplicación de los ERTEs hasta el 30 de junio da una base de tranquilidad al Gobierno, pero Sánchez tiene por delante el reto de demostrar si es capaz de pelear bien las ayudas al empleo en la UE, lo que permitiría extender aún más la vigencia de los ERTEs. La batalla de los fondos europeos para el empleo debe ser la prioridad del Gobierno. Estas ayudas, junto con las ayudas para investigación y material sanitario, son las únicas que no están ligadas a una condicionalidad o a un «rescate». El Gobierno, su parte socialista, y la oposición saben que el acuerdo sobre los ERTEs es sólo una solución temporal, que no aliviará la crisis social y de empleo si no se ponen en marcha más medidas que necesitarán de grandes consensos y que en ningún caso pueden pasar por la pulsión ideológica que abandera Podemos.

Igual que el Parlamento ha revelado ya su hostilidad hacia el Gobierno de coalición, la desescalada ha puesto de manifiesto la tensión entre el Gobierno y los líderes autonómicos, no sólo con los del PP. El Gobierno necesita la cogobernanza para avanzar en las fases de desescalada, pero la falta de transparencia o el empeño en mantener el anonimato de ese comité de expertos en el que justifica sus decisiones no ayuda a calmar la tormenta. Las elecciones en el País Vasco y en Galicia serán el primer test de la gestión del Covid-19. En Galicia los sondeos sonríen a Alberto Núñez Feijóo. Y también los estudios de Génova bendicen a Casado. Lo cierto es que tanto Gobierno como principal partido de la oposición han entrado en un camino sin vuelta posible.