Más libertad y menos alarma

El gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias está abusando del estado de alarma. Si por socialistas y podemitas fuera, esta situación duraría toda la legislatura. La deriva autoritaria del Ejecutivo se ha ido pronunciado de forma crónica. No quieren el control parlamentario, ni la crítica de la oposición, ni la prensa libre, y el ejercicio de la libertad les molesta. Los problemas son varios. El primero es la tergiversación del estado de alarma, que, siguiendo la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, solo permite la restricción del ejercicio de los derechos fundamentales. Este Gobierno no solo nos los ha restringido, sino que los ha suspendido como si se tratara de un estado de excepción o sitio. Los derechos de circulación o de reunión, según el artículo 55.1 de la Constitución, únicamente pueden ser suspendidos con la declaración de excepción o sitio. Una pandemia no se ajusta a los casos previstos por la ley para unas medidas autoritarias de este tipo.

El segundo problema es que el Gobierno ha pretendido suspender la democracia, que no se trata solo de votar, sino fundamentalmente de controlar el ejercicio del poder y en garantizar la libertad y los derechos. La coalición social-comunista, tal y como ha expuesto Pablo Iglesias, pretende vulnerar el derecho de propiedad y de empresa, perseguir la riqueza y confiscar para repartir, al socaire de la construcción de una distópica «nueva normalidad». Un país que persigue a la iniciativa privada, que ahoga la inversión y la libertad de empresa, está condenado a la pobreza. Claro que, dada la política fiscal que aventura este gobierno la crisis económica durará mucho más tiempo. Tomen aire: la tasa COVID o de reconstrucción, el impuesto de Sociedades, la tasa a las transacciones financieras, la subida del IRPF, los impuestos sobre los Depósitos, el recargo en el IBI, la eliminación de desgravaciones fiscales de los planes de pensiones, la ·fiscalidad verde», y el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El drama de la sociedad no es la desigualdad, sino la pobreza, y el socialismo es una fábrica de hacer pobres. Solo el libre mercado permite salir de la pobreza aquí y en todo el mundo. Pero este Gobierno está utilizando el estado de alarma y la «comisión parlamentaria para la reconstrucción», dirigida en la práctica por un leninista, para poner las bases de una democracia antiliberal. No olvidemos que la justicia sin libertad es servidumbre, que es justo la situación preferida por las ideologías que quieren súbditos en lugar de ciudadanos, que ansían personas dependientes de los subsidios gubernamentales.

El Gobierno ha aprovechado el estado de alarma para reducir la libertad educativa, aprobando una ley que elimina la educación especial. Esto demuestra un desconocimiento completo del tema, y una gran dosis de ingeniería social. Su propósito es acabar con la educación concertada y ahogar a la privada para que toda sea pública; es decir, controlada por el Gobierno y extender sin trabas sus valores «equitativos». No les importa la calidad de la enseñanza, sino la equidad.Además, este Ejecutivo ha suspendido la libertad de circulación más allá de la lógica de la salud pública. De hecho, la concesión del cambio a la fase 1 de la desescalada ha sido realizada por un comité secreto que ha atendido más a criterios políticos que a sanitarios. En ese paquete de derechos suspendidos están el de reunión y el de manifestación, que se han convertido en acciones colectivas clandestinas. Es significativo que los aplausos hayan sido sustituidos por una cacerolada y gritos de libertad. Tan relevante como el que la policía nacional identifique a la gente que pasea con banderas de España. El social-comunismo sabe que para que la suspensión de la libertad sea posible tiene que controlar a la prensa y la opinión de la ciudadanía. Para esto usan la mentira. Según GAD3 solo el 18% cree que este Gobierno dice la verdad, y la CNN internacional sacó los colores a Sánchez por el informe inexistente de la Johns Hopkins. Además, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil confesó que su tarea era «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». Este uso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es tan espurio como que el Gobierno, aprovechando el estado de alarma, haya modificado la ley del CNI para que Iglesias y Redondo accedan a la comisión que lo controla. El objetivo no puede ser otro que controlar la información y manejar las libertades. En este mismo sentido, José Félix Tezanos, director del CIS, tuvo la desfachatez de preguntar si era conveniente que el Ejecutivo fuera la única fuente de información, y dar la respuesta favorable a la intención liberticida de Sánchez e Iglesias. El estado de alarma se está utilizando para suspender la libertad y poner las bases de un sistema autoritario, la «nueva normalidad».

Va siendo hora de terminar cuanto antes con esa declaración, porque corremos el riesgo de que lo que tengamos que recuperar con el tiempo sean la democracia y la libertad.