«Urkullu tenía que haber pedido la ayuda de la UME»

El 6 de febrero, hace hoy cien días, medio millón de toneladas de residuos no urbanos del vertedero de Zaldibar, que explota la compañía «Verter Recycling», discurrieron ladera abajo por un monte de 200 metros de desnivel que había sido vaciado y llenado con escombros y materiales con amianto. El desprendimiento colapsó la autopista Ap-8 que conecta Bilbao y San Sebastián, sin causar víctimas pero generando un auténtico colapso en la vía. En cuestión de segundos la autopista se llenó de escombros, obligando a su corte y a la intervención de los bomberos. A escasos metros del lugar en el que los bomberos se afanaban por restablecer la circulación, dos operarios del vertedero, Joaquín y Alberto, acababan de ser sepultados por la lengua de residuos.

«Las cosas se hicieron muy mal», aseguran a LA RAZÓN fuentes de la familia de Joaquín Beltrán. Mientras todos los esfuerzos materiales y humanos se concentraban en la autopista, en la escombrera se desató un incendio que pudo tener su origen en las bolsas de metano que estaban en dicho vertedero. Todos los indicios apuntan a que una pared agrietada del vertedero reventó y abrió paso a la masa de residuos. «Hay cosas básicas que cualquier estudiante de química sabría como que cuando se apaga un fuego por la combustión interna por metano, lo peor que hay es echar agua porque si le echas agua, lo estás alimentando».

La familia de Joaquín Beltrán, uno de los operarios sepultados en el derrumbe desde hace cien días, es muy crítica con la actuación del gobierno vasco, dirigido por Íñigo Urkullu. Aseguran que desde el minuto uno, la gestión de los ‘comisarios políticos’ del operativo de rescate desplegado fue un despropósito absoluto. Una puesta en escena vacía de contenido con la que cubrir las apariencias ante la inminencia del escenario electoral.

«El Gobierno vasco, lo primero que tuvo que hacer, es pedir la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia», aseguran. A efectos de la familia da lo mismo de quién fuera la potestad de solicitarlo, consideran que con los medios de la UME se hubiera avanzado antes en el rescate. «El Ejército profesional con los zarpadores podría haber apagado el incendio diez minutos. Perdimos 15 días vitales para encontrar los cuerpos y se produjo además un desastre ambiental brutal».

Desde que se produjo el derrumbe, todo fueron dificultades para recuperarlos: primero se paralizó la búsqueda tras el hallazgo de amianto –un material de construcción altamente cancerígeno– entre los escombros y después la inestabilidad del terreno ralentizó cualquier avance en el rescate. El primer fin de semana transcurrió entre la desesperación de las familias ante la imposibilidad del rescate y la preocupación de los vecinos de Ermua y Eibar tras detectarse furanos y dioxinas en el aire que les obligó a permanece en sus hogares durante días.

«Era público que almacenaban amianto», insiste la familia de Joaquín. «Él y su gente no lo manipulaban pero el Gobierno vasco lo sabía. Solo los operario de Verter Recycling podían tocarlos porque ellos llevaban trajes especiales. Otra cosa es que allí también se vertía madera y papel, residuos para los que no tenía autorización la empresa», aseguran estas fuentes. Los residuos de construcción que contienen amianto son enormemente peligrosos, pues unas pocas fibras del mismo pueden producir cáncer en unos años. El Real Decreto 1481/2001, que regula el depósito de residuos en vertederos, permite almacenar los que poseen amianto en vertederos de residuos no peligrosos en determinadas condiciones: tienen que depositarse en una celda especial y estanca, no puede contener otro tipo de residuos y es preciso cubrirlos diariamente. Según admitió el consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, el vertedero almacena 16.148 toneladas de amianto, el equivalente a 1.468 camiones de tamaño medio. Todo ello, en medio de testimonios que afirman que los camiones depositaban este material cancerígeno sin el más mínimo control y sin esconderse. Pese a ello, el amianto era solo uno de los problemas de descontrol en la escombrera. No en vano, representaba solo el 0,57% de los 2,8 millones de toneladas de residuos que albergaba en el momento del derrumbe.

Durante semanas y coincidiendo con la proximidad de las elecciones vascas, que iban a celebrarse en abril y se suspendieron por la pandemia, el derrumbe del vertedero se convirtió en un arma electoral. El desastre humano y ambiental logró algo impensable: el Partido Popular y Bildu se pusieron de acuerdo para impulsar una comisión de investigación en la que el lendakari, Iñigo Urkullu, compareció para explicar los trabajos realizados en los primeros días y la situación legal de la compañía encargada del vertedero, Verter Recycling. Más allá de pedir disculpas por los errores cometidos, desde el Gobierno vasco han adoptado una posición de silencio respecto a esta cuestión. «Nos advirtieron de que no hablaremos con la Prensa», aseguran esta fuentes, que incluso denuncian el uso partidista del dolor.

Ahora, cien días después, lo que no hizo ni el Gobierno Vasco ni el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo va a hacer Bruselas. Varios eurodiputados lograron que Bruselas rastree las irregularidades en el vertedero en el que siguen sepultados Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze cien días después. Una decisión que celebra la familia. Marta Álvarez, cuñada de Joaquín, asegura a LA RAZÓN que «están satisfechos y confían en que se pruebe la responsabilidad del gobierno vasco respecto a la concesión de la licencia del vertedero y la falta de controles durante la explotación de la escombrera». Un pequeño gesto que aliviará su enorme duelo.