CSIF denuncia a Instituciones Penitenciarias por entregar a los funcionarios mascarillas de cuatro horas de uso para turnos de 40 horas

Una mascarilla de protección de tipo quirúrgico por funcionario de prisiones y para todo su turno, que puede llegar a las 40 horas, en dos días. mientras que el “uso establecido” de las mismas es de cuatro horas y sólo cuatro guantes. Este es el motivo por el que el sindicato CSIF, mayoritario en las administraciones públicas, haya presentado esta mañana una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la dotación insuficiente de mascarillas en las cárceles españolas. En concreto, la denuncia alude a la “posible infracción de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales”. CSIF denuncia que al menos un funcionario debería recibir “entre dos y tres mascarillas diarias, mientras que la mascarilla que recibimos debe durar casi 40 horas, con lo que deberíamos tener diez mascarillas por cada ciclo de trabajo”, señalaron a LA RAZÓN fuentes de la sección de Prisiones de este sindicato.

Por este motivo, el sindicato considera que Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, “incumple su deber de proteger la salud de la plantilla”, por lo que, además de la presentación de la citada denuncia ante Trabajo, estudia emprender también acciones jurídicas “para que los funcionarios, a título individual, puedan acudir a los tribunales en defensa de su derecho a la protección de la salud”. Junto a ello, este sindicato considera que el uso de mascarillas por parte de los funcionarios de prisiones es una medida del todo necesaria pero a la vez insuficiente “y que llega tarde”

Por otra parte, CSIF ha recurrido ante la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias las medidas de desescalada planteadas en prisiones, relativas a la apertura del régimen de visitas, uso de locutorios y permisos, al entender que no se ajustan a Derecho ni se garantizan las medidas de seguridad e higiene, toda vez que, sostiene este sindicato, no se han instalado tomas de temperatura en todos los centros, no se garantiza la separación obligatoria en locutorios, ni se desinfectan los paquetes que llegan del exterior. Si no accede Instituciones Penitenciarias a modificar esa instrucción y adoptar las medidas de seguridad necesario se recurriría la resolución administrativa ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Por otro lado, denuncian que el personal de las empresas privadas y de las Administraciones Públicas, como Sanidad, Prisiones, Justicia o Educación, afronta la desescalada con incertidumbre y temen que se produzca “un nuevo foco de contagios por la falta de previsión en este ámbito”