El Congreso aprueba, sin ningún voto en contra y solo la abstención de Vox, el ingreso mínimo vital

Todos los partidos políticos, excepto Vox, que se ha abstenido, han dado el sí al nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) que persigue frenar la pobreza en las familias e impulsar la inclusión laboral de estos colectivos y que irá desde una renta mínima de 461 euros hasta los 1.015 euros mensuales.

El Pleno del Congreso ha apoyado con 297 votos a favor, 52 abstenciones y ningún voto en contra la convalidación del Real Decreto-Ley que regula esta renta mínima y a la que finalmente el PP ha sumado sus votos positivos y Vox sus abstenciones. Asimismo, se ha acordado casi por unanimidad su tramitación como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han coincidido en que se trata de una de las medidas con mayor capacidad de redistribución de rentas y que "dignifica el país".

Escrivá ha explicado que el ingreso mínimo ha sido calculado con precisión ya que se adaptará a las necesidades de cada solicitante, teniendo en cuenta la modalidad de familia, sus ingresos y su patrimonio.

"Las políticas públicas no pueden vivir de espaldas a la sociedad" ha dicho Escrivá tras puntualizar que el IMV no sólo luchará contra la pobreza sino que servirá de palanca para la inclusión social y laboral.

"Es un seguro colectivo que rescatará a las personas en cada momento que sufran carencias", ha señalado tras añadir que su coste de unos 3.000 millones de euros es "perfectamente asumible".

Por su parte, Iglesias ha defendido que es el momento de hacer políticas expansivas para afrontar la actual crisis generada por la pandemia y ha dicho que también ayudará a la recuperación económica, ya que la renta irá “directamente al consumo y ayudará a autónomos y empresas a seguir facturando”.

La renta mínima ha recibido el apoyo de todos los partidos políticos, incluso de VOX que no votará en contra, aunque ha criticado que la medida no sea temporal y no esté condicionada a la búsqueda de empleo.

Ha considerado que es el "precio del pacto con el diablo firmado por Sánchez" para ser investido y ha reiterado que el IMV supone un efecto llamada a los inmigrantes y pone en riesgo el sistema de protección de la Seguridad Social.

La mayoría de los partidos ha felicitado una aprobación que era urgente, aunque algunas formaciones, como PP, Ciudadanos, ERC o JxCAT, han solicitado su tramitación como proyecto de Ley para introducir cambios.

El PP ha recordado que fue el presidente Mariano Rajoy el que impulsó la tarjeta social y ha criticado que el Gobierno se “apropie” de las competencias autonómicas y exceptúe al País Vasco y a Navarra.

Además, los de Casado ya indicaron que su apuesta es que exista una tarjeta social única para garantizar la transparencia, la sostenibilidad y el rigor en el sistema de ayudas, y así evitar las duplicidades de diferentes administraciones; de manera que esté unificada y centralizada la ayuda. Piden “transparencia” con esa renta mínima vital con el objetivo de que se haga de una forma “justa” y no haya personas que la cobren “sin necesidad de hacerlo”.

Vox, había mostrado su rechazo al Ingreso Mínimo Vital, aunque no se oponía frontalmente y aseguraba que lo que no podía era eternizarse en el tiempo. Para los de Abascal, la auténtica justicia social es la de que todos los españoles tengan un empleo, y consideran que esta renta mínima “cronifica la pobreza y además producía un efecto llamada. Sin embargo, finalmente decidió abstenerse en la votación. El grupo parlamentario ha criticado duramente esta renta por no ser temporal y por poner en riesgo la protección del Sistema de la Seguridad Social, pero ha decidido no votar en contra por las necesidades que tienen los españoles. “No votaremos en contra porque los compatriotas necesitan la ayuda, pero tampoco votaremos a favor”, ha dicho la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz.

Ciudadanos ha abogado por que la prestación vaya ligada a un itinerario de inserción laboral desde la Ley para no esperar a su desarrollo reglamentario mientras que JxCAT ha apostado por analizar la compatibilidad de la renta con la prestación por hijo a cargo.

ERC ha considerado que la medida no debe ser reversible y ha incidido en que se debería modificar la condición de tener que acreditar un año entero de bajos ingresos y ha urgido extenderla a las personas en situación irregular.

Formaciones como el BNG o Más País han considerado que es insuficiente en cuanto a beneficiarios y cuantías mientras que otros partidos como UPN han pedido que sea gestionada por todas las Comunidades Autónomas.

CC también ha pedido que sea compatible con las pensiones no contributivas.