Relato de las 14 semanas inéditas que cambiaron España

España no volverá a ser la misma. Todos hemos cambiado. 98 días, 2.351 horas en las que el país ha vivido en estado de alarma. Más de 28.300 fallecidos que podrían, en realidad, superar la barrera de los 45.000. Contagiados, pruebas PCR, camas UCI, toneladas de material sanitario, millones de euros destinados a la emergencia, centenares de miles de parados... Todo parecía ser una tormenta de cifras en los peores momentos de la epidemia. Curvas, índices, porcentajes, predicciones. Pero no. O no, al menos, hasta que personalizas la tragedia. Lo tiene esto claro el alcalde de Madrid, la ciudad más golpeada por el virus: «El día que visité la morgue en el Palacio de Hielo fue el momento más duro. Ahí no había cifras, ahí había personas que habían perdido su vida, con sus nombres y apellidos, con su vida rota antes de tiempo», reconoce José Luis Martínez-Almeida. Tras muchos de esos datos, se encontraban personas mayores, la generación de la posguerra, que, desde las residencias o en la soledad de sus casas, asistieron a un bombardeo de titulares poco tranquilizadores para ellos. «Es una de las cosas que más tiempo tengo en la cabeza. Tuvimos que ordenar que las personas mayores no pudieran salir de su habitación. Lo único que escucharon durante sesenta días fue un desfile de féretros de sus compañeros», recuerda el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Porque las estadísticas dejaban de serlo cuando te tocaban de cerca: «Lo más difícil de este tiempo –reconoce el líder del PP, Pablo Casado– ha sido la muerte de amigos y familiares. Y también la preocupación por la salud de mis tres hermanos médicos y el no poder ver a mis padres desde hace tres meses pues viven en Palencia».

Los fallecidos trasladados a las morgues improvisadas en Madrid sin la posibilidad de ser velados por los suyos. O los mayores que perdieron la vida en las residencias de Toledo y de todo el país. O las familias en duelo, alejadas y en vilo por tener a alguno de sus miembros dando la batalla en los hospitales contra la enfermedad. Víctimas detrás de las cifras. Son todos ellos los protagonistas de una crisis de salud pública, también económica y social, que de China saltó a Europa y que en nuestro país disparó las alarmas en el Palacio de la Moncloa cuando el Gobierno de coalición aún no había cumplido dos meses desde su nacimiento.

La situación comenzó a enrarecerse a primeros de marzo, con la mirada puesta en Italia y también en las calles con la movilización del 8 de marzo. No en vano, el ministro de Sanidad –de origen catalán– lleva desde el 24 de febrero sin moverse de Madrid, ese día el presidente del Gobierno le pidió un informe de situación del brote italiano. Después llegarían las reuniones maratonianas, las escasas horas de sueño, las «decisiones trascendentales». En la víspera del Consejo de Ministros que aprobó el estado de alarma, el equipo de Sánchez apenas durmió «dos horas». «Asumimos una gran responsabilidad por y para el país», asegura la vicepresidenta Carmen Calvo. En la hemeroteca solo un precedente, la crisis de los controladores aéreos. Entonces, el estado de alarma solo duró 15 días, ahora han hecho falta seis prórrogas hasta llegar hoy a lo que se conoce como «nueva normalidad». Calvo sufrió en sus propias carnes el impacto del virus, pero no se queda con ese dolor personal, sino con el que les recorría esos días al Ejecutivo, «días en que había un pico en el número de fallecidos y parecía que no llegaba el momento en el que íbamos a doblegar la pandemia». Esa jornada fue la jornada del 2 de abril: 950 fallecidos en 24 horas, más de 10.000 contabilizados en total.

Con el país encerrado en casa, la curva de contagios, sin embargo, parecía lejos de bajar y las discusiones en torno a la necesidad de endurecer el confinamiento fueron haciéndose más intensas. El debate no era fácil: tratar de frenar a toda costa el ritmo de nuevos positivos o evitar poner a la economía en hibernación. Fuentes del Ejecutivo reconocen que el primer día que se superaron los 800 muertos en 24 horas fue el momento de no retorno, cuando el presidente Sánchez recibió de los expertos el mismo mensaje que ya le había traslado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias: «Pedro, hay que parar el país». Tras dos semanas de estado de alarma, Sánchez tomaba así otra de sus decisiones más difíciles: «Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa durante las próximas dos semanas».

El cerrojazo total fue una de las primeras medidas que el Gobierno adoptó sobre la economía en la etapa más dura de la crisis. «Fueron medidas de choque para contener el impacto sobre la economía y el empleo. Esencialmente los avales para líneas de liquidez y los ERTE no pudieron aplicarse con la urgencia necesaria pero con el tiempo han demostrado su eficacia. Ahora, es necesario prolongar la vigencia de esas medidas hasta que se inicie realmente la recuperación», asegura Juan Cacicedo, vicesecretario general del Círculo de Empresarios. «La situación obligaba a tomar medidas de emergencia», reconoce uno de los protagonistas de este diálogo social exprés, el dirigente de Comisiones Obreras Unai Sordo: «La liquidez a las pymes y los ERTE han llevado a que, por primera vez, la caída del empleo sea menor que la caída de la economía, pero hay que tener en cuenta que esto solo es una fórmula para amortiguar el impacto». Desde los sindicatos, al margen de su apoyo a las medidas implementadas, consideran necesario tomar nota de lo sucedido: «Hemos comprobado que, frente a otros países en la misma situación, nuestra legislación laboral favorece la destrucción masiva de puestos de trabajo. De nuevo, y parece que no nos cansamos, hemos sufrido la dura enseñanza de que dejar al mercado actuar con plena libertad desampara de forma absoluta a los más expuestos», destaca Pepe Álvarez, de UGT.

Del consenso a la crispación

Una parte de la clase política ha demostrado, una vez más durante esta crisis, que no está a la altura de sus representados. Por un instante pareció que la totalidad de las formaciones políticas remarían juntas para hacer frente al mayor desafío de la democracia, pero a medida que avanzaban las semanas y descendía la emergencia, crecía la crispación. Incluso la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llegó a telefonear a los portavoces para pedirles que rebajaran el tono durante los debates en la Cámara. «Me preocupan los niveles de crispación que estamos viviendo en el Congreso. Creo que debemos hacer un esfuerzo por eliminar esta situación y defender el respeto entre contrincantes. Es lo que merece la ciudadanía», asegura Batet. La presidenta del Congreso ha sentido el zarpazo del virus: «Estuve a punto de perder a un familiar muy cercano», una dura realidad que ha compatibilizado con los plenos en la Cámara Baja.

Unos plenos, en los que la oposición pasó de exigir al Gobierno el estado de alarma a cuestionar abiertamente su mantenimiento. Uno de los partidos que primero se descolgó de este consenso fue Vox, su presidente Santiago Abascal lo explica así: «Fuimos los primeros en pedir el estado de alarma para el mando único y los primeros en retirar el apoyo por los ataques del Gobierno al Rey y por la toma de control del CNI por parte del ala comunista». El bloque del «no» se fue ensanchando con cada prórroga que se sometía a votación y el golpe llegó cuando el principal partido de la oposición se descolgó. Una decisión que se produjo tras permitir cuatro de las seis prórrogas. Desde el PP, su líder, Pablo Casado, dice ahora arrepentirse de no haber sido «mucho más exigente» con el Gobierno, si hubiera conocido la realidad de los datos de contagios, para «pedir que se tomaran medidas de contención de la pandemia, que hubieran salvado miles de vidas y hubieran permitido no cerrar tan drásticamente la economía, salvando millones de empleos».

Casado asegura que «apoyó al Gobierno sin pedir nada a cambio cuando la situación de las UCIS se había desbordado y había que salvar vidas». A partir de la quinta prórroga y cuando la situación sanitaria fue más estable, no quiso aceptar que «el estado de alarma se convirtiese en un recurso excepcional para eliminar controles democráticos cuando hay previsto en el ordenamiento otros instrumentos legales para mantener el mando sanitario y la restricción de movilidad». En todo caso, recuerda que advirtió de su cambio de posición a Sánchez un mes antes para que pudiera «adaptarse» con otro equilibrio de fuerzas y lamenta el trato al que se vieron sometidos por parte de los socialistas. «El PSOE nos insultaba hasta cuando votábamos “sí” y le apoyábamos sus reales decretos económicos. Hemos sido la oposición leal y responsable que ellos nunca fueron», responde en alusión a la crisis del ébola «cuando por la muerte de un perro, nos llamaron asesinos y nos llevaron a la Unión Europea a investigarnos».

Desde el Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo, sostiene que si algo ha enseñado esta crisis es que «la política tiene que estar más pegada a la realidad», y califica como «inútil el enfrentamiento por el enfrentamiento». Una apreciación que contrasta con la valoración que hacen desde Vox de la pandemia,marcada, a su juicio, por «la negligencia criminal y el sectarismo del Gobierno». Para el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, «la política de ruido, gritos e insultos por parte de la oposición» demuestra «que, lamentablemente, la derecha no tiene un proyecto de país más allá de la protección de los intereses de los privilegiados y saben que quedan muchos años de Gobierno de coalición y que les quedan muchos años de estar en la oposición». Pero de esta derecha, nace una voz discordante que coincide con Echenique; su homólogo en Ciudadanos, Edmundo Bal, «lamenta» las escenas vividas en el Congreso, porque «en este momento, lo último que necesitan los españoles es ver cómo los políticos se echan los muertos a la cara unos a otros. He sentido vergüenza ante tanta crispación por parte, sobre todo, de los extremos».

Y de repente, Ciudadanos

La soledad y la debilidad del Gobierno alumbraron un nuevo escenario. Lo define a la perfección el otrora socio preferente del Ejecutivo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. «Tenemos un Gobierno sin el poder, y eso es muy complicado. Hay partes del Estado directamente contra el Gobierno y un nuevo actor político en el tablero: Ciudadanos, que está jugando», asegura. Esa entrada en juego de los 10 diputados de Ciudadanos ha supuesto un cambio en el equilibrio de fuerzas respecto a lo que fue la «mayoría de la investidura» que desde Esquerraa reconocen abiertamente. «Eso a nosotros nos deja a veces fuera de la imprescindibilidad y hay que ser consciente de ello», confiesa el propio Rufián, cuyo partido fue virando de la abstención al «no» y de nuevo a la «abstención» en las prórrogas del estado de alarma para proteger a la gente del virus, pero también «para proteger a la gente de lo que vendrá después: una crisis social bastante importante».

Rufián cree que Sánchez «ha resucitado a Ciudadanos» y que éstos han «utilizado la última bala» que les quedaba para no acabar sumidos en la «descomposición» y «salir de ese bloque de la derecha, de la foto de Colón y revestirse de una especie de derecha civilizada y merkeliana». Sin embargo, desde otros sectores se apunta a que ha sido Arrimadas quien ha dado «oxígeno» al Ejecutivo en sus horas más bajas. Desde la formación naranja se aferran al mantra de que han «impuesto la política útil». «En un momento como este, cruzarse de brazos era inadmisible. Para nosotros, esta actitud de hacer todo lo posible por remar a favor de los intereses de España, es una obligación. No estamos pensando en nada más que en nuestro deber con los españoles», asegura su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal.

El giro hacia Ciudadanos sería un error. Así lo afirma a modo de advertencia el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens: «El Gobierno debe priorizar las fuerzas progresistas y plurinacionales que son las que hicieron posible la investidura y las que queremos que nos acompañen en la reconstrucción económica y social del país tras la Covid-19». Y aunque, tal y como reconoce Asens, se han alcanzado «acuerdos coyunturales» con los naranjas, éstos «se deben circunscribir a un momento excepcional». Pese a todo, alaba la postura de los de Arrimadas: «Una de las tres fuerzas de la derecha entendió que se podía hacer una oposición leal al Gobierno, sin gritos, fakes, ni crispación».

Un aplauso de agradecimiento

Y en mitad de la bronca política, una tregua. La crudeza de la pandemia se amortiguaba cada tarde a las 20 horas. Calles vacías y balcones llenos. El presidente de Castilla-La Mancha lo reconoce como el momento «más gratificante», una suerte de sentimiento de pertenencia y de unidad: «Para aplaudir se necesitan las dos manos, la derecha y la izquierda». Carmen Calvo también agradece «el comportamiento maduro, disciplinado y ejemplar de la población porque ha ayudado al Gobierno a seguir tomando decisiones con prudencia, pero con contundencia». Eran aplausos que mecían al país para recordar a los fallecidos y agradecer su labor a los sanitarios y a quienes estaban dando lo mejor de sí mismos. Como los militares, a los que rinde homenaje la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Me acuerdo con especial emoción de la conversación que tuve con un miembro de la UME que participó con nosotros en el cierre del Palacio de Hielo de Majadahonda y que me dijo que estuviese tranquila y orgullosa porque habían velado a todos y cada uno de los fallecidos que habían estado en esas morgues, que no habían dejado ni un minuto solo a nadie y les habían acompañado con todo el respeto y cariño, como si fuese uno más de su familia».

En un país cercado por el desafío soberanista, Gobierno y autonomías se han sentado en torno a una mesa «virtual» durante 14 semanas. Estas reuniones «no han sido una balsa de aceite» y han existido «tensiones» como reconoce el propio Pedro Sánchez, pero sí han trasladado una imagen de unidad y, una vez finalizadas, han sido valoradas por los presidentes de todo signo. Ideologías que se dejaban en la puerta y que han permitido trazar ententes entre curiosos aliados como Alberto Núñez-Feijóo, Quim Torra y Emiliano García-Page. Precisamente, el presidente de Castilla-La Mancha resalta el «desafío histórico al que España ha respondido como una nación. Las naciones se hacen desde el éxito y desde el dolor también». García-Page considera que «la única posibilidad era afrontar unidos» esta crisis porque estos desafíos son «demasiado grandes para una sola persona». De la misma opinión son en el Gobierno, Carmen Calvo reconoce que esta pandemia «ha demostrado que somos muy frágiles pero que nos volvemos más fuertes cuando respondemos unidos y de manera solidaria». Desde algunas comunidades, sin embargo, se ha reprochado a Moncloa actuar con criterios políticos. Díaz Ayuso, por ejemplo, lamenta que muchas de las propuestas y consultas que trasladó en esas reuniones en nombre de los siete millones de madrileños no llegaran nunca a ser contestadas por Sánchez: «Es cierto que muchas de las cuestiones que he ido planteando, se han aplicado posteriormente, como el fondo no reembolsable, el cierre de las peluquerías, la exención de las tasas aeroportuarias para los aviones con material sanitario o el plan para el turismo, y las ayudas a autónomos y pymes».

Martínez-Almeida afea a Sánchez que, en estos 100 días, no haya tenido un momento para llamar al alcalde de la capital: «Es muy llamativo que el presidente del Gobierno, que vive en Madrid y que ha sido concejal de este Ayuntamiento, haya sido incapaz de ponerse al teléfono conmigo, aunque sólo sea para una llamada humana. Es más triste aún que, a pesar de la emergencia social que vivimos, la ministra de Hacienda no me haya contestado hoy a una carta que envié hace más de un mes, en la que pedía que nos dejara utilizar 420 millones de euros que debemos amortizar anticipadamente a los bancos para hacer frente a la emergencia social».

Errores que, según los expertos, conciernen también a la política comunicativa del Gobierno, que Eduardo González Vega, consultor en el Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político, califica de «deficiente»: «Ha cometido muchísimos errores y ha generado incertidumbre en lugar de certezas y se ha equivocado en cuestiones concretas como las comparecencias del presidente que eran muy largas para no decir nada, o al no permitir a la prensa preguntar libremente». González Vega, no obstante, también reconoce un acierto del Gobierno en este punto al haber optado por la utilización de lo que técnicamente se conoce como fusibles comunicacionales: «El Gobierno así se quema menos. Se trata de utilizar perfiles técnicos para explicar situaciones concretas. Que Fernando Simón liderara la parte sanitaria de la crisis o que salieran los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también ha sido muy importante para la ciudadanía porque son instituciones bien valoradas por la gente».

El Parlamento, orillado

El estado de alarma como herramienta para hacer frente a la Covid-19 ha ido evolucionando desde un consenso total hasta su cuestionamiento. El debate saltó al terreno jurídico. Hoy perviven las discrepancias sobre si hubo una extralimitación por parte del Ejecutivo y llegó incluso a rebasar el estado de excepción. De esta opinión es el profesor de Derecho Constitucional Ibor Fernandes Romero, que considera que «el Gobierno ha cruzado una serie de líneas rojas que ponen en un severo riesgo la estabilidad del Estado de Derecho». Se refiere a que se ha generado un «auténtico ordenamiento jurídico propio que ha desplazado al ordinario», con una «usurpación de competencias que, en realidad, corresponden al poder legislativo». El abogado del Estudio jurídico Balbuena sostiene que hemos vivido «algo más que un estado de excepción encubierto», porque «se ha restringido hasta su práctica desaparición el ejercicio de derechos fundamentales». Lo «realmente preocupante», a su juicio, es «la actuación autoritaria del poder ejecutivo».

El papel subalterno que se ha otorgado al Congreso también lo aprecia la Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixes, que considera que se ha «orillado» a la Cámara Baja. «Se han dictado más de 200 normas en estos días, sobre todo decretos y órdenes ministeriales, cuyo contenido podría cuestionarse que encajara en las previsiones de un estado de alarma», asegura. La jurista cree que «el mayor problema» que ha existido es «el desarrollo de algunas medidas, que hubieran precisado reformas legislativas formales, mediante ley adoptada por el Parlamento, a través del decreto-ley». Sin embargo, Freixes no considera que hayamos vivido un estado de excepción encubierto. Sí percibe que han existido «limitaciones fuertes, sobre todo en la movilidad». Ambos juristas entienden que se ha extendido demasiado en el tiempo y que tras las primeras semanas «se hubieran podido tomar medidas apropiadas a la situación aplicando y desarrollando otras normas, sanitarias o de seguridad», apunta Freixes.