Una denuncia cada dos días contra el Gobierno por la gestión de la Covid-19

La pandemia del coronavirus alteró el régimen de vida de los españoles. La proclamación del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, supuso un antes y un después en la «normalidad» de los españoles, que vieron cómo de un día para otro no podían salir de sus casas; los restaurantes, comercios, gimnasios o cines cerraban sus puertas y cómo las cifras de fallecidos y contagiados aumentaba cada día, poniendo a prueba a todo el sistema sanitario del país, hasta el punto de que un número relevante de profesionales sanitarios perdía también la vida en la lucha contra el virus.

En un principio, los partidos políticos dejaron a un lado sus discrepancias y apoyaron prácticamente todos y sin fisuras al Gobierno. Pero esto fue cambiando a medida que avanzaba la crisis y se comprobaba la escasez de materiales sanitarios o la falta de medidas mínimas de seguridad. Contratos «bajo sospecha» de haber pagado un sobrecoste muy elevado, adquisiciones de material que hubo que devolver porque los productos eran ineficaces…

Todo contribuyó a romper esa unidad y a que, junto con los aplausos a los sanitarios, se empezara también a oír las caceroladas en contra de la gestión del Ejecutivo. Y ahí llegaron las primeras acciones jurídicas planteadas a tres niveles: denuncias, querellas y recursos contencioso-administrativos contra órdenes y decretos del Ministerio de Sanidad. Son acciones interpuestas ante las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Aunque en algún caso, como el relativo al 8-M, también se acudió a los juzgados ordinarios para la interposición de esas acciones penales, que en Madrid se dirigieron contra el delegado del Gobierno y que la juez que instruye el caso ha archivado recientemente.

Hasta el pasado viernes, día 19, entre denuncias y querellas el Tribunal Supremo había recibido un total de 43 (las tres últimas se registraron el jueves) superando en número las interpuestas como denuncias, mientras que los recursos contencioso-administrativo ascendían a 32. Con estos datos, resulta una media de la presentación de una acción penal por cada dos días y medio desde que se decretó el estado de alarma. Entre los denunciantes y querellantes figuran desde Vox o el sindicato CSIF a abogados a título particular, como el controvertido José Emilio Rodríguez Menéndez, José Luis Mazón –quien denunció recientemente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por no abrir los parques municipales y cuya denuncia fue archivada–, o el ex diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, hasta asociaciones que representan a víctimas y demás afectados por la Covid-19, una asociación de guardias civiles, colegios de enfermería, colectivos de médicos, policías municipales de Madrid, la asociación de Abogados Cristianos o las asociaciones vinculadas a la ultraderecha como Hogar Social o Hazteoir, además de algunos familiares de víctimas. E incluso de dos reclusos, que se dirigen directamente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Una vez que las denuncias y querellas están en el Tribunal Supremo, antes de dar traslado a la Fiscalía para que informe sobre si procede o no admitirlas a trámite, la Sala Penal está analizando cada una de ellas, además de exigir a los querellantes que aporten el poder especial necesario para interponer una acción de ese tipo. Asimismo, debe diferenciar las que se presentan como acción popular de las que lo hacen como acusación particular (en calidad de víctimas del delito que se denuncia), a los efectos, entre otros, de determinar la exigencia de la correspondiente fianza.

Una vez cumplimentado todos esos trámites, no es descartable, sino más bien lo contrario, que en aquellos casos en los que denunciados/querellados sean los mismos, y el relato de hechos sea igualmente similar, se proceda a acumular varias denuncias. Será entonces el momento de dar traslado a la Fiscalía, cuyo teniente fiscal, Luis Navajas, será quien decida lo correspondiente. Y es que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no puede intervenir en asuntos que impliquen al Gobierno ya que perteneció al mismo hasta semanas antes de su nombramiento en la cúspide del Ministerio Público.

Sobre este último punto, fiscales del Tribunal Supremo consideran que sería positivo que Navajas conociese el criterio de la Junta de Fiscales de Sala, la «cúpula» de la carrera fiscal, «porque tanto la materia como contra quienes se dirigen las denuncias merece que se escuche» a la Junta, aunque no existe ninguna obligación legal de convocarla para estos extremos.

Las acciones penales están dirigidas de forma especial contra Pedro Sánchez (algunas de ellas también contra todo el Consejo de Ministros), el titular de Sanidad, Salvador Illa (las querellas contra ambos son prácticamente las mismas en cuanto a número se refiere). Tras Illa, el ministro contra quién más se dirige la acción penal es el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y uno de los delitos que más se repite en las denuncias y querellas es el de imprudencia grave con resultado de muerte, al entender que el Ejecutivo, o algunos miembros del mismo, actuaron de forma negligente en la gestión de esta pandemia y, por ello, su acción causó la muerte de miles de personas.

Una de las primeras denuncias que registró el Tribunal Supremo fue la interpuesta por el abogado Víctor Valladares, que fue quien, precisamente, presentó la querella en los juzgados de Madrid contra el delegado del Gobierno, José Manuel Francos, una causa cuyo archivo tiene previsto recurrir hoy mismo el letrado, al igual que harán la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociación de Consumidores José María Mena, personadas como acusaciones populares en el procedimiento en el que se ha investigado si José Manuel Franco incurrió en una posible prevaricación.

Valladares no pudo personarse en la causa porque no cumplimentó todos los requisitos necesarios. La denuncia interpuesta en el Supremo la dirige contra Pedro Sánchez por los delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.

Los delitos que más se repiten son los relativos a imprudencia grave con resultado de muerte, prevaricación administrativa y delitos contra los trabajadores, relacionado con la falta de medios.

En cuanto a los 32 recursos contencioso-administrativos presentados hasta el momento ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se dirigen contra órdenes y decretos del Ministerio de Sanidad relativos a su gestión de la pandemia de Covid-19, y se están tramitando por el procedimiento normal, después de que se rechazara la medida cautelar solicitada en uno de ellos. En concreto en el interpuesto por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para que se dotase de forma urgente a todos los centros sanitarias de mascarillas de protección, así como de batas y contenedores de grandes residuos, aunque la Sala obligó a Sanidad a que le informase cada 15 días de las medidas de protección que se iban adoptando para los sanitarios.

También se rechazó un recurso al entender que la competencia recaía en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que instruye también demandas por la falta de medios en diversos colectivos y que incluso rechazó ser competente para instar cautelarmente a Interior a hacer test a los agentes. Mientras, otro interpuesto contra el decreto que acordó el estado de alarma y sus prórrogas se rechazó porque se entendía que había que interponerlo, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.