Torra eleva la tensión y busca forzar una detención en el Palau

Torra y Puigdemont no siempre están de acuerdo, pero hasta el momento siempre se ponen de acuerdo. Torra quería convocar elecciones, Puigdemont no. Necesitaba tiempo para consolidar su partido, formar una dirección y aniquilar al PDeCAT, para coger músculo y batir a ERC que, por ahora, lidera las encuestas y se desgañita pidiendo elecciones de forma inmediata. Puigdemont convenció a Torra que borró de su calendario el 4 de octubre. Se descartaron otras fechas porque se definió la estrategia: elevar el conflicto institucional a partir del 17 de septiembre, día en el que el Tribunal Supremo inicia los trabajos para ratificar la inhabilitación de Joaquim Torra por desobediencia a cuenta de los lazos amarillos en la campaña electoral.

Fuentes bien informadas, calculan que el Supremo dará a conocer la sentencia en un plazo menor de un mes, aunque puede retrasarse por decisión del propio Tribunal o por las actuaciones de la defensa que estarán encaminadas a dilatar la decisión el mayor tiempo posible. Sólo hacía falta, marcar la hoja de ruta de esta confrontación. La primera opción fue que Torra convocara elecciones antes de recibir la sentencia formalmente ya que hay un plazo de unas 48 horas desde que se dicta la sentencia hasta que se entrega al afectado. La segunda, que no las convocara y que el Supremo pusiera en marcha el reloj electoral que situaría las elecciones a mediados del mes de enero, al tiempo que JxCAT presenta su candidato a la Generalitat y define el papel de Puigdemont. La tercera, que una vez puesto en marcha el reloj electoral, JxCAT presentara un candidato en el Parlament con el argumento de que «el Supremo no es quién para convocar elecciones en Catalunya».

Esta última no gustó a Torra. LA RAZÓN publicó el pasado lunes que el candidato designado para sustituir a Torra era Ferran Mascarell. La noticia no debió gustarle al presidente catalán que el mismo lunes en una entrevista en TV3 negó cualquier posibilidad de un candidato alternativo. Lo negó en un tono despreciativo que no dejaba margen de duda. Por si acaso, Torra remató la jugada «he desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez». Pareció una bravuconada, pero los acontecimientos se disparan a partir del martes. Torra ha marcado la hoja de ruta, parece que con el beneplácito de Puigdemont: confrontación y desobediencia, no acatando la sentencia del Supremo, con el único objetivo de convertirse en la única fuerza independentista que planta cara al estado en pro de lograr una República Catalana.

El martes por la mañana se reúne el Consell Executiu. La coalición JxCAT y ERC se ha convertido en un tripartito. Àngels Chacón, consejera de empresa, es la única que no abandona el PDeCAT y se pasa a Junts per Catalunya. Es más, Chacón será la candidata del PDeCAT si se consuma la ruptura. Torra y Puigdemont acuerdan provocar una crisis de gobierno para extirpar esta anomalía. Chacón iba a ser cesada, pero el cese era insuficiente.

La confrontación y la desobediencia requieren contar con la dirección de los Mossos d’Esquadra. Si Torra se niega a acatar la sentencia y se atrinchera en el Palau de la Generalitat, se abre un escenario de resolución incierta. Justo lo que quieren Torra y Puigdemont. Alta tensión institucional, movilizaciones en la calle y un Tribunal que tendrá que recurrir a la policía a que ejecute la sentencia. O sea, detener a Torra y en el Palau de la Generalitat. Si se llegara a este punto –el papel lo aguanta todo–, convendría tener el control total de los Mossos d’Esquadra. Miquel Buch, independentista convencido tanto que es uno de los que ha roto el carnet del PDeCAT y se ha puesto a las órdenes de Puigdemont, no inspiraba confianza porque siempre ha acatado la legalidad y se ha enfrentado, en repetidas ocasiones, por la actuación de los Mossos en manifestaciones independentistas con Torra, por lo que el presidente le ha reprendido en público. De hecho, hace un año Buch amagó con la dimisión. Buch lloró al conocer su cese. Con Chacón y Buch cesados, Torra añadió la consejera de Cultura, Àngels Vilallonga, que en rueda de prensa afirmó, ahí es nada, que fue cesada por negarse a aceptar órdenes de Torra y se despidió de su equipo brindando con champán.

El jueves, sin explicárselo a los socios y casi ni a los afectados que se enteraron tras recibir una llamada de Torra unos minutos antes de filtrarlo a los medios de comunicación, Torra ejecuta su crisis de gobierno, sustituyendo a los cesados por activistas de primera línea. El presidente catalán sabe que si desobedece necesita que le sigan todos los consejeros de JxCAT. No podía permitirse deserciones porque el objetivo es que desobedezca todo el ejecutivo. También los consejeros de ERC.

Esta es la segunda parte de la estrategia: atacar a ERC. Los republicanos piensan, como dijo Gabriel Rufián tras su encuentro con Pedro Sánchez que «sería conveniente gobernar pensando en el control de la pandemia y sus efectos y no gobernar pensando en el control de un partido y sus cargos». Quieren impulsar la Mesa de Diálogo, aunque saben que la resolución del conflicto no será fácil, negociar los presupuestos para influir en inversiones en Catalunya, tratar la situación de los presos y el papel de la Fiscalía, y quieren elecciones. No dejan de ser independentistas, pero no quieren repetir los errores del pasado.

La posición republicana es lacerada sin piedad por JxCAT que lanzan constantes ataques contra ERC acusándola de debilidad, de renunciar a la unidad independentista, de no querer implementar la república. En definitiva, de traidores. Una acusación de traición que subirá de tono si los consejeros de ERC no se sitúan al lado de Torra en su actitud de desobediencia y que puede dañar sus expectativas electorales. ERC tendrá que decidir si se enfrenta a Puigdemont con todas las consecuencias.

Octubre de 2020 se presenta como un remake de la situación que se vivió en Cataluña hace tres años. El otoño de 2017 fue uno de los momentos más convulsos en la evolución del procés. Cuando se cruzaron algunas líneas rojas, cuyas consecuencias se manifiestan hoy. Movilización en la calle, aunque la pandemia esté rampante, desobediencia y confrontación. Cuanto peor mejor. Ni pandemia, ni presupuestos, ni gobernar. Sólo forzar la situación ya que los ojos del mundo también se han puesto en España por el coronavirus. Si la desobediencia es persistente, la crisis institucional alcanzará la tensión de hace tres años, y obligará a poner sobre la mesa la aplicación del artículo 155. «No tendremos independencia y no tendremos autonomía», se lamentaba hace unos días un representante empresarial.

Por si la estrategia fracasa y Torra no aguanta la desobediencia más allá de una algarada, JxCAT no dejará que Pere Aragonés, candidato de ERC y vicepresidente del Govern, sea el presidente en funciones.