Lesmes urge por sexta vez a cumplir la Constitución «sin más dilaciones

El año pasado, con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya en funciones, aprovechó su discurso en el solemne acto de apertura del Año Judicial para despedirse, pero ayer Carlos Lesmes –todavía presidente de un órgano de gobierno de los jueces pendiente de renovar desde hace casi dos años– volvió a verse en la misma tesitura por el bloqueo político. Y, como entonces, urgió a los poderes públicos –nuevamente en presencia de Felipe VI, que presidió el acto– a poner punto y final a «una seria anomalía» y renovar «sin más dilaciones» el CGPJ. Es ya la sexta ocasión en la que Lesmes apremia a las instituciones a subsanar la situación de interinidad de los vocales del Consejo. Ya lo hizo directamente en cuatro ocasiones ante los presidentes del Congreso y el Senado y otra, como se ha apuntado, en el inicio del curso judicial en septiembre de 2019.

Esa renovación, destacó, sigue sin producirse «pese a que venimos reclamando insistentemente», algo que representa en su opinión «una seria anomalía». De hecho, terminó su intervención con el deseo de que el de ayer fuese su «último discurso como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial». Lesmes recordó que el CGPJ tiene asignadas por la Constitución «unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española».

En el mismo acto, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reclamó «mayores cotas» de autonomía para el Ministerio Público y anunció una instrucción urgente para abordar la ocupación de viviendas, una actuación delictiva que según dijo requiere de «una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía». Delgado, que pasó de puntillas por la sentencia del «procés» (que condenó por sedición, y no por rebelión como pedía la Fiscalía, a los líderes del desafío soberanista), sí afirmó que esa resolución «culmina» un proceso en el que la Justicia ha dado «ejemplo de normalidad institucional y compromiso con el deber y la legalidad».