El ex número 2 de Interior: «Mi error fue ser leal a miserables como Rajoy»

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez avisó en un mensaje remitido al ex mando policial Eugenio Pino el 19 de septiembre del pasado año que si el ex comisario Enrique García Castaño le implicaba en el espionaje a Luis Bárcenas implicaría «probablemente» a «MR» (en referencia presumiblemente al entonces presidente del Gobierno y máximo dirigente del PP Mariano Rajoy). Así consta en el informe de 52 folios remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, su marido el empresario Ignacio López del Hierro y el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el supuesto espionaje al ex tesorero del PP entre 2013 y 2015 para recuperar documentos «comprometedores» para altos dirigentes del partido.

En el informe –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, consta cómo el en esas fechas número dos de Interior la asegura a Pino, preocupados por las noticias que se publican al respecto y tras la declaración de García Castaño en sede judicial: «Ya, probablemente él crea que implicándome a mí el asunto termina en mí y no escala». «Pero te garantizo –añade amenazante– que si yo tengo que declarar porque me implique GP (el apodo de García Castaño, «Gran Peso») también irán JFD (y probablemente MR)», en supuesta alusión a Fernández Díaz y Rajoy.

En ese escrito de Anticorrupción también consta que el pasado 22 de enero el ex número dos de Interior se dirigió a García Castaño tras ser citado como imputado y le insta a hablar «a través de terceros» porque afirma no saber cuál es su objetivo. El ex mando policial, imputado en la causa, le advierte de que se defenderá «con todos los argumentos» y vaticina que la investigación judicial «seguirá creciendo porque llamarán a Jorge (como mínimo)». Por eso le propone hablar «y hacer una estrategia común» para defender «la legalidad de lo que se hizo». Este mensaje fue aportado al instructor por el propio García Castaño en su declaración del pasado 9 de marzo.

En otros de los mensajes que recoge el escrito de Anticorrupción, Martínez asegura al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que le han utilizado «vilmente» porque él lo único que hizo fue «trabajar» con «un enorme coste personal y familiar». Y prevé que dados los hechos que se le atribuyen la suya será «la primera declaración de un político, a la que seguirán varias más».

Y es que según asegura en esa conversación su «grandísimo error» en el Ministerio de Interior «fue ser leal a miserables como Jorge o Rajoy o Cospedal». «Y de eso –añade– afortunadamente tengo todo muy claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo último que quería hacer».

Anticorrupción hace referencia a una nota guardada en octubre de 2019 en su móvil, «Mensaje para trasladar», en la que asegura que los hechos por lo que se le investigan no fueron iniciativa suya, sino que recibió «una presión diaria para obtener y transmitir información» (se presume que de la documentación que se llevó Bárcenas de la sede del PP). «A mí este asunto no me importaba –escribió–, ni me interesaba, pero escuché muchas veces de mi superior que era «el asunto más importante que teníamos entre manos». Y todo eso lo puedo demostrar». «Lo que nadie puede pretender –se queja el ex número dos de Interior– es que sea una especia de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue, y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia».

Para la Fiscalía los mensajes que intercambió por WhatsApp Martínez con el entonces responsable de Interior son «más concluyentes, si cabe» del «conocimiento de detalle» que tendría Fernández Díaz respecto «al desarrollo y ejecución de la operación». El ex número dos de Interior protocolizó ante notario estos mensajes en octubre del pasado año.

Anticorrupción concluye que «el encargo asumido por el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad» habría partido «de altos representantes del Partido Popular». Se trataba de averiguar a través del entonces chófer de la esposa de Bárcenas dónde guardaba «material documental comprometedor» para el PP y altos dirigentes de la formación se efectuó, según Anticorrupción, a cambio «de un retribución mensual de 2.000 euros con cargo a gastos reservados» y la «recompensa» de acceder al Cuerpo Nacional de Policía.