Así será la nueva Ley de Memoria Histórica

El Gobierno aprobará la próxima semana la nueva Ley de Memoria Democrática, que incluirá la prohibición de entidades como la Fundación Francisco Franco y permitirá anular las condenas y sentencias emitidas por el franquismo. La ley que prepara el Ejecutivo de coalición derogará la aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero –Ley de Memoria Histórica– y se hará efectiva una vez haya pasado el trámite parlamentario, para lo que antes el Consejo de Ministros tendrá que aprobar el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, algo que ocurrirá el día 15.

Continuar con las exhumaciones y la identificación de las víctimas, identificar “lugares de memoria democrática” o la resignificación del Valle de los Caídos son algunas de las líneas generales en las que ha trabajado el Ejecutivo. Respecto al complejo de Cuelgamuros, donde fue exhumado Franco el 24 de octubre del año pasado, se pretende dar a conocer “las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado”, expone la norma, que prohíbe allí los actos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.

El nuevo texto legal confiere “carácter radicalmente nulo” a todas las condenas y sanciones producidas “por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa” durante la Guerra Civil o la dictadura. Se trata de un paso novedoso que llevará a la anulación de sentencias dictadas durante o después de la Guerra Civil, que sirvieron para dar un carácter de legalidad a ejecuciones, en los casos más extremos, aunque dejará en el aire otro tipo de condenas o fallos judiciales en ámbitos como el mercantil o el de la propiedad.

La ley declara expresamente ilegítimos el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra “constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa”.

La nueva Ley de Memoria Histórica contempla ilegalizar fundaciones que hagan apología de la dictadura franquista o del propio dictador, o que inciten al odio o la violencia contra las víctimas del franquismo. También establecerá un régimen sancionador para infracciones en ese sentido a fin de evitar “las humillaciones” en espacios públicos, e incluso insta a los tribunales a mantener una “estricta observancia” para aplicar la ley.

El Gobierno elaborará un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que exalten la Guerra Civil y la dictadura y los suprimirá, según la norma, que elimina la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

La disposición adicional tercera, según un borrador difundido por “El Periódico”, es la que contiene las previsiones sobre retirada de recompensas previstas en la legislación de 1964 sobre condecoraciones policiales y la de 1976, relativa a la creación de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Esto incluye la marcha atrás en la condecoración –en este caso a título póstumo– a Antonio Fernández Pacheco, ‘Billy el Niño’, fallecido por coronavirus la pasada primavera. La revocación determina la pérdida de todos los derechos anejos a la recompensa, “incluso los económicos”, y no tiene efecto retroactivo.

Para garantizar el cumplimiento de la ley, la norma contempla la creación de una fiscalía de sala que permita investigar hechos acaecidos durante la Guerra Civil o en la dictadura, “incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución” y que puedan suponer “violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

La nueva fiscalía contará con funciones específicas, como la búsqueda de víctimas de los hechos investigados, una tarea que realizaría en coordinación con los órganos de las administraciones competentes. Además, se recuperará la figura del expediente de información para la perpetua memoria (vigente en el ordenamiento jurídico español hasta 2015) como vía para la obtención de una declaración sobre crímenes franquistas con la intención de facilitar la identificación y exhumación de desaparecidos para que sus allegados puedan darles sepultura.

La norma –en sintonía con el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos– pretende aportar “una mirada de género” que tenga en cuenta el papel de la mujer en este capítulo de la historia. La nueva Ley de Memoria Histórica reconoce el rol femenino durante este periodo. En el marco del pretendido “reconocimiento, reparación y dignificación” de las víctimas, para que la Historia no se construya “desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos”, la ley distingue a las mujeres por su papel a lo largo de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

“Las mujeres, tan invisibles en la historia, lo hemos sido también en este asunto”, recalcó recientemente la vicepresidenta Carmen Calvo. Así, son reconocidas por la ley tanto como sujetos activos de la vida intelectual, profesional, política y sindical del país como en su papel de doble víctima, ya que fueron humilladas, vejadas, violadas, represaliadas o asesinadas por ser mujeres, madres o hijas de perseguidos y, en diferentes momentos de la historia, ajusticiadas por haber intentado “ejercer su derecho a libre desarrollo personal y transgredido los límites de la feminidad tradicional”.

El proyecto de ley se extiende en los desaparecidos. Además de declarar el 31 de octubre como día oficial en su recuerdo y homenaje y anunciar la creación de un censo nacional de víctimas de la guerra civil y la dictadura, se confirma la apuesta por un banco nacional de ADN y, lo más importante para las asociaciones memorialistas, se reconoce a la Administración General del Estado como responsable de encontrar a los desaparecidos. El Ejecutivo estimaba una partida especial en los Presupuestos destinada a Memoria Democrática que sería superior a los 15 millones de euros que Pedro Sánchez pretendió destinar en sus Presupuestos fallidos de 2019.

Además, existirá un plan cuatrienal de actuaciones ligadas a la memoria desde un nuevo consejo territorial, en el que además del Estado y las autonomías estarán representados provincias y municipios. También se prevé la modificación de la ley de secretos oficiales para garantizar el derecho de acceso a la información pública sobre todo lo conciernente a la contienda civil y la dictadura.

Sobre los bienes expoliados en aquellos años, se incorporan actuaciones específicas y auditorías para reconocer a los afectados, incluyendo bienes incautados a organizaciones políticas durante la dictadura, así como el reconocimiento y reparación de víctimas que realizaron trabajos forzados. Las autoridades públicas intentarán que organizaciones o empresas que “utilizaron trabajos forzados en su beneficio” adopten medidas de reparación.

Pensando en los exiliados, se permitirá la adquisición de la nacionalidad española a los nacidos fuera de España descendientes en primera o segunda generación de los que fueron al exilio por razones de ideología.

Así mismo, se prevé la creación de nuevos contenidos educativos en los colegios para que “todos conozcan la memoria y que no vuelva a ocurrir”, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno.