Génova sospecha que el abogado “El Largo” era el mediador de Rajoy en la “Kitchen”

El puzzle del «caso Kitchen» continúa complicándose para el PP. En Génova se preparan para un largo invierno, incluso una agonía que puede llegar hasta el verano. La comisión de investigación impulsada por la izquierda tiene un plazo de vigencia de tres meses, pero eso es pura teoría. Son tres meses prorrogables, y habrá más de una prórroga. De hecho, en las filas populares asumen que el calvario político puede continuar dañándoles hasta el verano que viene, cuanto menos.

La mayoría parlamentaria de izquierdas puede ir solicitando ampliaciones, y tendrán los votos necesarios en la Mesa de la comisión para sacarlas adelante. El PP está solo, porque las otras fuerzas del centro derecha no desaprovecharán esta oportunidad para pasarles el rodillo. Y en paralelo seguirá su curso un complicado recorrido judicial, que en el PP también asumen que se prolongará durante años por la complejidad de todas las piezas en marcha. El juez ha empezado a levantar el secreto en «Kitchen», la pieza más política del «caso Villarejo» porque afecta al presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Pero el macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado, hoy en la cárcel, se expande en un monstruo incontrolable de piezas.

Para el PSOE y Unidas Podemos, el «caso Kitchen» es la vía de escape para intentar poner sordina a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y a los déficits de gestión. Y es, además, la argamasa perfecta para unir a la mayoría de investidura, e incluso traer a su terreno a Ciudadanos y hasta a Vox. Ni los naranjas ni los verdes, que han convertido en seña de identidad dar lecciones sobre la regeneración democrática, pueden permitirse renegar de una investigación que apunta al presunto uso de fondos reservados para hacer desaparecer material que perjudicaba al presidente del Gobierno de entonces, Mariano Rajoy, y a su partido.

Vox ya dejó ayer abierta esta puerta. Y Ciudadanos ha dicho que, aunque no esté de acuerdo con la doble vara de medir del PSOE, su apoyo a la investigación del PP y su veto a la de Podemos, sin embargo, también trabajarán para fiscalizar parlamentariamente este escándalo que afecta a un Gobierno del pasado. Vox cree que aquí puede tener la oportunidad para recuperar los votos que le ha ganado el PP desde las últimas elecciones generales, y Cs también ve su oportunidad para volver a recuperar su seña de identidad regeneracionista y marcar diferencias con el PP. Sin corrupción en el centro del debate, las diferencias entre PP y Cs se reducen a limitados debates éticas y morales, como la maternidad subrogada o la eutanasia. Ayer, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, señaló que los hechos presuntamente cometidos en el «caso Kitchen» son de «extrema gravedad».

Por todo esto, la comisión será una sangría, agitada políticamente, y en la que a Pablo Casado le será difícil resistir el empuje sólo con la justificación de que los hechos no afectan a su dirección. Además, la situación la complica el lodazal que vuelve de nuevo a tener alimento en la guerra entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

En medio de esta guerra, en Génova hablan del abogado Javier Iglesias como presunto mediador entre Mariano Rajoy y los operativos de la Kitchen. En esta batalla de filtraciones interesadas, desde esta parte apuntan a que el letrado Iglesias Redondo es una persona «muy cercana» al ex presidente del Gobierno, «con hilo directo», de «total confianza», y que «también actuaba como interlocutor» del «número dos» de Interior, Francisco Martínez.

Javier Iglesias lleva décadas dedicado a la defensa penal de delitos económicos y patrimoniales. Fue uno de los defensores del «caso Gürtel» que pagaba Génova, y representó a Álvaro Lapuerta, el otro ex tesorero imputado por la contabilidad B del partido. Lapuerta se distanció del PP hasta el punto de que sus hijos llegaron a denunciar las «extrañas circunstancias» en que habían tenido lugar sus caídas al salir de casa, y que le hicieron ingresar en el hospital a los 86 años. Lapuerta era el chivo expiatorio al que la anterior dirección del PP tuvo la tentación de hacer cargar con todo el peso de la responsabilidad de las irregularidades financieras.

Javier Iglesias también fue acusado por el ex tesorero del PP Luis Bárcenas de presionarle en la cárcel por encargo del PP, cuestión que el letrado negó. Aunque hay constancia de su visita al centro penitenciario. Cuando declaró ante el juez, el ex tesorero ratificó la existencia de esas amenazas, pero por consejo de Javier Gómez de Liaño, su nuevo letrado, entonces no quiso poner nombre y apellidos a su origen.

En el PP insisten en que el abogado, del que se distanciaron los acusados de Gürtel a medida que también iban distanciándose de Génova, ha seguido manteniendo «una muy buena relación» con Mariano Rajoy, «como persona de confianza para las cuestiones más delicadas relacionadas con el “caso Bárcenas”». Y a ex altos cargos les consta que presuntamente tuvo papel en las mediaciones con Interior.