La derecha y el “Vox no”

El discurso de Casado ha conseguido que haya tenido razón el gobierno de PSOE-Podemos y que la moción de censura de VOX haya sido contra el PP. Pero elevándonos un poco sobre la actualidad política más cotidiana, creo que conviene poner de relieve que el encendido y beligerante «VOX no» entonado por el PP tiene antecedentes muy significativos en la historia contemporánea de España. En efecto, el «Vox no» es lo mismo que el «Maura no» de la izquierda y el partido liberal en la Restauración contra el político conservador más preocupado por la regeneración del sistema y la justicia social, aquel que quiso «la revolución desde arriba». Alfonso XIII, quien, por excepción a sus usos cortesanos, no tuteaba a Maura ante el respeto que le infundía, no vaciló en solicitarle que dimitiera, como todos, a derecha e izquierda, salvo el maurismo, querían, y se puso fin a su llamado «gobierno largo» (1907-1909). Se comprometió así el propósito de Maura de regenerar un sistema corrupto e ineficiente en todos los órdenes («oligarquía y caciquismo», en términos de Joaquín Costa), voluntad caracterizada por tal convicción y competencia –como demostró cuando gobernó – que incluso, antes, en 1898, en pleno Desastre, su reacción fue la contraria a la del desánimo y pesimismo que habían hecho cundir los intelectuales. Y solo en 1923 el general Primo de Rivera acometió la tarea, lo que hubo de hacer de modo no plenamente democrático y asimismo interrumpido en 1930.

El «Maura no» fue un error muy grave, explicable en la izquierda marxista y anarquista, de suyo contraria a todo conservadurismo, por democrático y social que sea, como el de Maura, e inexplicable y culpable en los liberales, que habían abandonaron los postulados mantenidos durante las jefaturas de Sagasta y Canalejas –por lo demás, connotados masones– y abrazado otros de signo más progresista.

Tampoco estuvieron a la altura deseable las derechas del establishment más neto y caduco –incluido el monárquico Romanones– al no prestar su apoyo al monarca en 1931, en el trance del advenimiento de la Segunda república, hábilmente organizado por los partidos firmantes del pacto de San Sebastián cuyo fin declarado era la caída de la monarquía. Y a pesar de que en las elecciones municipales del 12 de abril no triunfaron las candidaturas republicanas, estos partidos lograron su objetivo. La izquierda se había propuesto acabar con la monarquía y la derecha, ciega e irresponsable, no se opuso, con excepciones entonces minoritarias. Esa ceguera e irresponsabilidad se hizo evidencia irrefutable cuando Gil-Robles, católico militante y líder de las derechas que habían aceptado la república (la CEDA) –en virtud de la doctrina del accidentalismo, es decir, la indiferencia hacia Monarquía o República como formas de gobierno– ganó las elecciones de 1933 y no pudo formar gobierno, cuya jefatura cedió al radical Lerroux, republicano de siempre, masón y corrupto. El «Gil-Robles no» de la izquierda tornó a ser de máxima violencia cuando fue nombrado ministro junto con otros dos miembros de la CEDA en 1934 y estalló la revolución de Asturias.

Solo la carencia total de visión política permite entender una actuación tan equivocada de esas derechas temerosas, pero, en el fondo, temerarias porque estaban colaborando con el rumbo que tomó la república, que llevaba, desgraciada e indefectiblemente, a la guerra civil. Gil-Robles era catedrático y abogado, pero sin capacidad prospectiva alguna. Las etapas siguientes de su carrera política, larguísima y de fracaso en fracaso, lo indican: se adhirió al bando nacional, fue antifranquista después de la guerra civil, monárquico juanista (cuando había renunciado a la causa monárquica en 1931) y candidato demócrata cristiano en 1977, no elegido. Y llegamos así al «Fraga no», la torpeza más reciente al tiempo que paradójica de la derecha inane si se tiene en cuenta que fue fundador del PP, partido hoy protagonista del «Vox no» en camaradería con toda la izquierda y nacionalismos varios.

Fraga, sin duda el político más inteligente y con mejor formación de la Transición, fue vetado por el centro-derecha (UCD), que se negó siempre a la coalición con él, desde 1977 (y prefirió apoyarse parlamentariamente en nacionalistas vascos y catalanes), por temor a lo que los españoles acabaron sentenciando sin apelación posible en 1982: por la ineptitud de los gobiernos centristas, UCD quedó reducida a la décimo quinta parte de lo que era (de 168 a 11 diputados) y AP-PP multiplicó casi por doce su representación parlamentaria (de 9 a 107 diputados). Con un efecto adicional aún mayor: la pérdida estrepitosa del poder en beneficio de la izquierda, que se mantuvo en el poder por catorce años.

Exactamente igual que el «Vox no» del PP, en contra, probablemente, de la voluntad de la mayoría de sus votantes. E igual al no a Maura de los liberales con la colaboración violenta y antidemocrática de la izquierda, y muy semejante a los errores de la derecha que propiciaron el no a Gil-Robles de la izquierda, también violento y antidemocrático. Tristemente, nada nuevo bajo el sol de España.